Durante esta semana, el gobierno del derechista Peter Magyar lanzó lo que varios medios locales han bautizado como la ‘Operación Fuego Purificador’, que tendría el objetivo de borrar rastros de lo que fue el gobierno de Viktor Orbán, que se extendiera 20 años entre dos periodos.
De acuerdo al medio DW, se trata de una serie de auditorías y reformas constitucionales que apuntan a investigar el presunto enriquecimiento ilícito de aliados de Orbán, casos de corrupción ocurridos en los últimos años, y modificaciones estructurales en torno al sistema político.
Peter Magyar, quizás muy apresurado, según organismos
Asimismo, también el país apunta a consolidar un marco regulatorio que le permita acercarse a la Unión Europea, y optar a 17.000 millones de euros que permanecen congelados.
El Mundo detalla que la idea de Tisza, partido oficialista, es llegar a una consulta ciudadana en busca de una nueva constitución (la actual fue reformada en 2011) para el mes de septiembre, pero en el corto plazo apuntan a cambios rápidos: limitar la reelección de los parlamentarios, cambiar el modo cómo se eligen los jueces del tribunal supremo y dejar en un máximo de dos los periodos de primeros ministros.
Algo que sería de suma urgencia, dentro de aquellos cambios, sería destituir al actual presidente húngaro, Tamás Sulyok, quien sería cercano a Orbán.
No obstante, los apurados cambios constitucionales también suman críticas. Una viene de Márta Pardavi, copresidenta del Comité Helsinki (por derechos humanos) en Budapest.
“Esta (reforma constitucional) no era una medida urgente ni estaba entre las promesas a su electorado; debería haber un debate amplio sobre iniciativas como esta”, indicó al diario español.
“Son 110 páginas de legislación introducidas por un diputado y que se tramitó de forma apresurada. Eso recuerda mucho a las maneras de Fidesz (el partido de Orbán)”, añade.
Based on the leaked document, we expect an immediate response from the Prosecutor's Office on whether @PM_ViktorOrban and János Hajdu have been questioned as suspects in the "gold convoy" case. https://t.co/GGORUieW5u
— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 25, 2026
Una opinión similiar tiene Áron Demeter, responsable político de Amnistía Internacional, quien asegura que la actual carta fundamental contempla mecanismos para el cese presidencial, por lo que una reforma no sería netamente necesaria en lo inmediato.
“La Constitución vigente ya contempla un procedimiento de destitución que, en nuestra opinión, podría activarse. El sentir general, al menos entre los simpatizantes de Tisza, es: ‘No nos importa como se deshagan de toda esa gente; simplemente háganlo’. No les importa el método, pero a nosotros sí”, indicó.
Asimismo, la experta en política exterior Zsuzsanna Szelenyi, compañera de Orbán a principios de la década de 1990 cuando Fidesz era un partido liberal, escribió en el portal Social Europe que el Gobierno de Magyar debe ahora afrontar un “trilema postiliberal: la rápida reversión del daño causado por el régimen iliberal, la prevención del resurgimiento del populismo y el estricto respeto a las normas constitucionales”.
El martes 23 de junio, el Parlamento también implementó otra promesa electoral de del político: la reestructuración de los medios de comunicación públicos y una restricción significativa de las campañas de odio político.
La mayoría de los observadores húngaros independientes consideran que la creación de la Oficina para la Recuperación y Protección de los Activos Nacionales (NVVH) es la ley más importante, porque trata de recuperar miles de millones de dólares en activos, que individuos del círculo íntimo de Orbán acumularon durante su mandato mediante métodos opacos y a menudo ilegales.
El objetivo es llevar a los responsables ante la justicia, aseguran desde Tisza.
Hay que señalar que Peter Magyar cuenta con una mayoría de dos tercios en el parlamento, sumando a representantes de centro izquierda, lo que le permitiría llevar adelante los cambios propuestos.
