La tasa de desempleo mantiene su tendencia al alza y ya suma 40 meses por encima del 8%. En el trimestre febrero-abril superó el 9%, mientras que la desocupación femenina llegó al 10,5%, evidenciando un escenario más adverso para las mujeres.
Frente a este panorama, el Gobierno impulsa una agenda laboral amplia, centrada en mayor flexibilidad y adaptabilidad, lineamientos que ganan protagonismo como ejes de la estrategia oficial.
Una de las reformas en estudio en el Ministerio del Trabajo, dirigido por Tomás Rau, y que ha generado mayor controversia pública, se relaciona con el esquema de indemnizaciones. Entre las alternativas analizadas está que los empleadores realicen una cotización adicional al Seguro de Cesantía, de manera que, al término del vínculo laboral y sin importar la causa, el trabajador pueda retirar esos recursos como una indemnización a todo evento.
La propuesta considera una cotización extra del 1,8% del sueldo imponible, pagada mensualmente y destinada específicamente a ese fondo de cesantía.
Las reacciones han sido dispares. La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, valoró la idea, destacando que podría reducir los costos de contratación, ofrecer protección efectiva ante el desempleo y facilitar la movilidad laboral.
Desde las pymes, el vicepresidente de Conapyme, Héctor Sandoval, calificó la iniciativa como positiva, pero llamó a cautelar su aplicación en empresas de menor tamaño. Advirtió que un costo extra mal calibrado podría afectar el empleo formal e incentivar la informalidad.
En contraste, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Leonel Sepúlveda, afirmó que el cambio significaría un retroceso en derechos laborales, al facilitar los despidos sin entregar garantías adicionales a los trabajadores.
El ministro Tomás Rau confirmó que la propuesta está siendo evaluada, aunque subrayó que se trata de un debate complejo y con alta probabilidad de generar controversias.
