La desocupación mantiene su tendencia al alza: ya son 40 meses con tasas sobre el 8% y, en el trimestre febrero-abril, el indicador superó el 9%. En las mujeres, la situación es más crítica, con un 10,5% de desempleo.
Frente a este escenario, el Gobierno impulsa una amplia agenda laboral enfocada en mayor flexibilidad y adaptabilidad, ejes que ganan protagonismo y marcan la orientación de las próximas reformas.
Entre las medidas en estudio por el Ministerio del Trabajo, liderado por Tomás Rau, destaca una propuesta sobre indemnizaciones que ha generado debate. La idea consiste en que los empleadores realicen una cotización adicional al Seguro de Cesantía, de modo que, al término del vínculo laboral y sin importar la causal, el trabajador pueda retirar esos recursos como una “indemnización a todo evento”. Esta cotización extra sería de 1,8% del sueldo imponible, con pago mensual dirigido a dicho fondo.
La recepción ha sido dispar. La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, valoró la iniciativa, al estimar que reduciría los costos de contratación, ofrecería una protección efectiva frente al desempleo y favorecería la movilidad laboral.
Desde Conapyme, su vicepresidente Héctor Sandoval la consideró una buena idea, pero subrayó que requiere un diseño cuidadoso para las pymes. Advirtió que el nuevo cargo podría afectar el empleo formal y, en consecuencia, estimular la informalidad si no se calibra adecuadamente.
En contraste, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Leonel Sepúlveda, calificó la modificación como un retroceso en derechos laborales, argumentando que facilitaría los despidos sin otorgar resguardos adicionales a los trabajadores.
El ministro Rau confirmó que la propuesta está en evaluación, aunque admitió que se trata de un debate complejo y con alta probabilidad de controversia.
