En Perú, la segunda vuelta presidencial se celebró el 7 de junio, pero aún no hay resultados oficiales. La demora, además de tensionar el ambiente político interno, genera preguntas fuera del país: ¿por qué el conteo tarda tanto? Expertos consultados explican las razones y comparan el proceso con el sistema chileno.
El primer elemento clave es lo estrecho de la competencia. Según la ONPE, la diferencia entre los dos postulantes ronda los 50 mil votos, un escenario similar al de 2021 y 2016. Con márgenes tan reducidos, es necesario escrutar cada voto. La ONPE suele avanzar con rapidez el primer día —alrededor del 90%—, pero luego intervienen factores que ralentizan el cierre.
Uno de ellos es la cantidad de actas observadas o impugnadas, cuya resolución recae en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Para ello, deben llegar físicamente a Lima tanto las actas como las cédulas desde todo el país y el extranjero, lo que introduce desafíos geográficos y logísticos.
En esta elección se evidenciaron dos casos ilustrativos: uno en la región Cusco y otro en Buenos Aires. En la provincia de La Convención, las lluvias dificultaron la recuperación de actas; sin acceso vehicular, se requirieron helicópteros u otros medios especiales. Según especialistas, existe un porcentaje de actas que solo puede trasladarse por ríos o aire, y el mal clima puede retrasar días la salida de esas naves. Además, la ONPE no siempre puede disponer de helicópteros de inmediato, porque están comprometidos para otras labores, lo que aplaza el traslado.
En el exterior no hubo un canal oficial para digitalizar y remitir con rapidez las actas a la ONPE; todo se envió físicamente para el cómputo y las impugnaciones. Dado el peso de los votos del extranjero en esta contienda, fue indispensable contar hasta el último. Buenos Aires, una de las circunscripciones con más electores peruanos, resultó decisiva: cuando sus votos ingresaron al sistema, la candidata Keiko Fujimori pasó del segundo al primer lugar y amplió su ventaja. El material se envió recién el miércoles posterior a la elección por la falta de espacio en vuelos de carga y el gran volumen de documentación, lo que obligó a contratar casi un avión completo.
A diferencia de otros países, en Perú se prioriza la validación de actas antes de incorporarlas al cómputo oficial. Los 60 jurados electorales especiales del JNE resuelven observaciones en audiencias públicas virtuales. Si hubiera menos errores de mesa o menos reclamos partidarios, el proceso sería más ágil, por lo que se requiere reforzar la capacitación de los miembros de mesa y reducir fallas en el llenado y manejo del material.
El tamaño del operativo también incide. Con unas 93 mil mesas y la participación de al menos medio millón de personas —entre miembros de mesa, coordinadores y personal de la ONPE—, es inevitable que surjan problemas. A ello se suma que muchos suplentes no asisten a capacitaciones y terminan asumiendo funciones de titular el día de la votación, lo que eleva el riesgo de errores.
La comparación con Chile pone el foco en la confianza institucional. Analistas señalan que el Servel goza de prestigio transversal y su consejo directivo, designado por el Congreso, refleja el pluralismo político, lo que otorga garantías a todos los sectores. En consecuencia, las impugnaciones son escasas y la transmisión electrónica agiliza el flujo de información desde los locales de votación.
En Perú, en cambio, la desconfianza hacia los organismos electorales es alta: una encuesta de noviembre de 2025 mostraba que más del 70% de los ciudadanos desconfiaba de estas instituciones. En un contexto de baja confianza, los mecanismos de seguridad y control son más exigentes y numerosos, lo que, si bien se justifica, también añade tiempo y complejidad al proceso.
