Soser S.A., empresa proveedora del Programa de Alimentación Escolar, presentó una querella criminal contra el director nacional de la Junaeb, Fernando Peña, acusándolo de denuncia calumniosa y prevaricación administrativa. La acción responde a la denuncia que Junaeb ingresó a fines de mayo ante la Fiscalía, en la que se atribuyen presuntas irregularidades que habrían resultado en pagos por $14 mil millones a Soser por raciones no entregadas.
En el escrito presentado ante el Cuarto Juzgado de Garantía, Soser sostiene que Peña impulsó maliciosamente una denuncia pese a saber que hechos idénticos ya habían sido investigados por el Ministerio Público, causa que concluyó con sobreseimiento definitivo al no configurarse delitos. La compañía cuestiona que el director de Junaeb priorice una “persecución reputacional” por sobre la continuidad y calidad del servicio, conducta que, a su juicio, contraviene los deberes de probidad y objetividad exigidos a los funcionarios públicos.
Según la versión de Soser, en 2020 la empresa participó en la licitación ID 85-18-LR20 para operar durante 2021, 2022 y 2023 en varias regiones, adjudicándose O’Higgins, en un contexto marcado por la pandemia. Las bases utilizaron 2019 como referencia para proyectar la demanda e incorporaron un componente fijo equivalente al 40% del contrato para resguardar empleos vinculados a la elaboración de alimentos. El criterio determinante fue el monto total ofertado, no los valores unitarios de desayunos, almuerzos, onces y colaciones, que cada oferente podía definir sin afectar su competitividad.
Durante la ejecución, Junaeb introdujo ajustes sectoriales. En 2021 autorizó reemplazar raciones por canastas de alimentos en establecimientos municipalizados y subvencionados, debido a las restricciones sanitarias. En 2022 elevó de 40% a 60% el componente fijo para proteger la empleabilidad de las manipuladoras, creó un Mecanismo de Estabilidad Operacional por fuerza mayor y modificó el reajuste por polinomio de trimestral a mensual. En noviembre de ese año, tras revisar a todos los proveedores, redefinió el número total de raciones en las distintas prestaciones, con el objetivo de evitar un impacto mayor en las adjudicatarias, reequilibrar los contratos y asegurar la continuidad del PAE, procurando que los pagos no cayeran por debajo del umbral referencial en más de 10%.
De acuerdo con Soser, esos ajustes implicaron incrementos porcentuales diferenciados para todas las empresas con contratos vigentes, no para una en particular. Esa circunstancia, afirma, quedó establecida en una investigación del Ministerio Público en 2023, que cerró con sobreseimiento definitivo al concluir que los hechos no constituían delito.
Consultado por la nueva acción judicial, el director de Junaeb, Fernando Peña, señaló que mantiene tranquilidad mientras se intercambia información con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, y aseguró que el trabajo para indagar eventuales delitos continuará sin inhibirse ni intimidarse, en resguardo de la fe pública.
