Soser S.A., la Sociedad de Servicios de Alimentación, presentó una querella criminal contra el director nacional de la Junaeb, Fernando Peña, por los presuntos delitos de denuncia calumniosa y prevaricación administrativa. La acción responde a la acusación que la Junaeb ingresó a fines de mayo ante la Fiscalía, donde se señalaron irregularidades que habrían generado pagos por 14 mil millones de pesos a Soser por raciones no entregadas.
En la presentación realizada ante el Cuarto Juzgado de Garantía, la empresa sostiene que Peña interpuso una denuncia sabiendo que los mismos hechos ya habían sido investigados por el Ministerio Público y cerrados con un sobreseimiento definitivo por ausencia de delito. Soser califica de preocupante que la autoridad a cargo del programa de alimentación escolar, en lugar de enfocarse en asegurar la continuidad y calidad del servicio, opte por una persecución que, a su juicio, afecta su reputación y contraviene los principios de probidad y objetividad exigidos a los funcionarios públicos.
Respecto del trasfondo contractual, Soser detalla que en 2020 participó en la licitación ID 85-18-LR20 para el periodo 2021-2023, en un contexto marcado por la pandemia. Se adjudicó la región de O’Higgins. Las bases usaron 2019 como referencia para proyectar la demanda e incorporaron un componente fijo equivalente al 40% del contrato para resguardar los empleos vinculados a la preparación de alimentos. El criterio decisivo fue el monto total ofertado, permitiendo a los proponentes definir libremente los precios unitarios de cada servicio sin afectar su competitividad.
Durante la ejecución, Junaeb introdujo ajustes sectoriales. En 2021 autorizó reemplazar raciones por canastas de alimentos en establecimientos municipalizados y subvencionados, considerando las restricciones sanitarias. En 2022 elevó de 40% a 60% el componente fijo para proteger la empleabilidad de las manipuladoras, creó un Mecanismo de Estabilidad Operacional por fuerza mayor y modificó el reajuste por polinomio de trimestral a mensual. En noviembre de ese año revisó a nivel de proveedor el número total de raciones de desayunos, almuerzos, onces y colaciones, con el fin de evitar impactos económicos mayores, restablecer el equilibrio contractual y garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar, procurando que el valor final a pagar no cayera bajo un umbral referencial.
Según Soser, estos cambios implicaron incrementos porcentuales aplicados a todas las empresas con contratos vigentes, no a una en particular, cuestión que —asegura— quedó establecida en la investigación del Ministerio Público en 2023, la cual concluyó sin detectar ilícitos y con sobreseimiento definitivo.
Consultado por la acción judicial, el director de la Junaeb, Fernando Peña, afirmó que se mantiene sereno mientras se intercambia información con la Fiscalía y la Contraloría General de la República. Añadió que el trabajo para indagar eventuales delitos continuará, con el objetivo de resguardar la fe pública y cumplir con la ciudadanía.
