Tras un procedimiento abreviado, el exdirector de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, fueron condenados a cinco años de presidio, pena que cumplirán bajo libertad vigilada intensiva. Ambos admitieron los hechos imputados por la Fiscalía, con lo cual el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerró judicialmente el caso.
La causa, conocida como Operación Topógrafo, se originó por la investigación de interceptaciones telefónicas ejecutadas por la Dirección de Inteligencia del Ejército entre 2016 y 2018. Estas escuchas fueron autorizadas sobre la base de antecedentes falsos, justificadas en supuestas amenazas a la seguridad nacional que no se verificaron.
Durante la audiencia, el Ministerio Público ajustó su solicitud punitiva: de un requerimiento inicial de 20 años de cárcel, la pena se redujo a cinco, considerando abonos por días de prisión preventiva. A esa rebaja adhirieron la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y los querellantes, estableciéndose el cumplimiento en libertad vigilada intensiva.
La fiscal Ximena Chong valoró el desenlace como una salida satisfactoria que asegura una condena y equilibra los intereses de las víctimas y los objetivos persecutorios del Ministerio Público.
Desde la defensa de Poblete, el defensor penal público Víctor Providel indicó que su representado aceptó íntegramente los hechos expuestos en la acusación y renunció al juicio oral, lo que derivó en una sanción a cumplirse en libertad.
El periodista Mauricio Weibel, una de las víctimas, celebró el fallo al considerarlo un precedente: por primera vez se condena a un juez y a un jefe de Inteligencia del Ejército por espiar a un periodista. Destacó que el resultado envía una señal relevante para la democracia y la protección de la libertad de expresión, tanto para profesionales de la prensa como para la ciudadanía en general.
La lectura de sentencia quedó fijada para este jueves. Con ello, se cierra un proceso que, durante años, indagó el uso de herramientas de inteligencia estatal para vigilar a denunciantes de irregularidades y a un periodista de investigación, en uno de los casos más emblemáticos de interceptaciones ilegales en democracia.
