El exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, intervino en el debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y defendió aprovechar todas las capacidades del Estado para enfrentar el avance del crimen organizado. Hoy dirige el Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades y planteó que la discusión en seguridad no debe quedar atrapada en la pugna política, sino incorporar la mirada técnica de las instituciones que ejecutan las políticas públicas.
A su juicio, mientras se prolongan las disputas políticas y legislativas, las organizaciones criminales ganan terreno. Advirtió que “el crimen organizado avanza” y llamó a acelerar iniciativas pendientes en seguridad, destacando el proyecto que regula el despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructura crítica.
Tras el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo, varios alcaldes pidieron sumar militares a labores urbanas. Yáñez evitó respaldar una presencia permanente en las calles, pero se mostró favorable a un uso acotado y regulado de las Fuerzas Armadas bajo el marco de la protección de infraestructura crítica. Sostuvo que esta modalidad liberaría recursos operativos, permitiendo concentrar más efectivos policiales en prevención y control del delito. Subrayó, sin embargo, que todo despliegue debe contar con reglas claras y garantías jurídicas para quienes cumplan esas funciones. Remarcó que el Estado no puede prescindir de todas sus capacidades para garantizar la seguridad, pero que debe generar condiciones de resguardo para los encargados de esas tareas.
Yáñez también criticó los intentos de modificar la Ley Nain-Retamal, impulsados por parlamentarios del Partido Comunista. Consideró que retroceder en esa normativa —que fortaleció la protección jurídica de los policías en uso de su arma de servicio y endureció sanciones contra agresores— sería un error. Propuso, en cambio, avanzar en la extensión de ciertas protecciones legales a inspectores municipales que realizan procedimientos de seguridad junto a las policías, aclarando que estos no portarían armas.
