Por instrucción de la Contraloría General de la República, el Gobierno reabrió un sumario administrativo que la administración del expresidente Gabriel Boric había dado por cerrado, tras detectarse irregularidades en la concesión de diez pensiones de gracia. Mientras se retoman las diligencias, desde el oficialismo pidieron no prolongar la controversia y priorizar a las víctimas.
La revisión del caso se reactivó luego de que la Contraloría, al analizar el expediente para su toma de razón, determinara que el procedimiento disciplinario fue concluido de forma improcedente. En ese marco, la semana pasada se designó como fiscal a Damary Rapaillán, quien dirigirá la investigación. Las primeras actuaciones comenzarán en los próximos días y podrían incluir declaraciones de exfuncionarios y exautoridades del periodo anterior, si así lo amerita el desarrollo del proceso.
Desde La Moneda, el ministro subrogante del Interior, Máximo Pavez, señaló que el objetivo es establecer eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios de la División de Acción Social del Ministerio del Interior involucrados en la tramitación de estas pensiones. Agregó que se buscarán sanciones para quienes hayan otorgado beneficios sin cumplir los requisitos, incluso en casos sin respaldo médico.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene la revisión de las 348 pensiones de gracia entregadas a víctimas del estallido social. El Gobierno ha indicado que, una vez concluida, informará públicamente los resultados y las posibles revocaciones. Esta labor ha recibido apoyo de parlamentarios oficialistas mediante resoluciones aprobadas en la Cámara de Diputados.
La reapertura del sumario reavivó tensiones entre oficialismo y oposición. Desde este último sector, la diputada republicana Javiera Rodríguez valoró la decisión de la Contraloría y sostuvo que los antecedentes evidencian un procedimiento irregular, por lo que consideró necesario aclarar responsabilidades, especialmente de autoridades del gobierno anterior.
En respuesta, voces del oficialismo advirtieron que generalizar cuestionamientos puede perjudicar a quienes sí fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, llamó a cerrar el episodio y a concentrarse en quienes recibieron legítimamente el beneficio, subrayando el daño que provoca poner en duda pensiones que no reparan, por sí solas, las secuelas sufridas.
