Los centros de varias grandes ciudades sudafricanas amanecieron este martes prácticamente detenidos ante el temor de que las marchas convocadas por grupos antiinmigración deriven en episodios de violencia. El movimiento habitual cedió a un silencio inusual: numerosos comercios, sobre todo los regentados por extranjeros, no abrieron; las estaciones de transporte lucieron vacías y muchos trabajadores foráneos optaron por no salir de sus casas.
En Durban (KwaZulu-Natal), Johannesburgo y Soweto (Gauteng), cientos de personas se movilizaron para exigir la expulsión de migrantes en situación irregular, coincidiendo con la “fecha límite” no oficial marcada por colectivos xenófobos para su salida del país. Al inicio de la protesta en Johannesburgo, la participante Nkele Thebe afirmó que, tras este día, se centrarían en “el presidente y la nación” y rechazó “interferencias externas”. Entre los asistentes se vieron jóvenes con bastones y escudos, atuendos tradicionales zulúes y mujeres de distintas edades. Algunos portaban la bandera nacional, cantaban consignas de liberación o sostenían carteles que pedían, entre otras cosas, la retirada de Sudáfrica de la Convención de la ONU sobre los Refugiados.
Las autoridades desplegaron miles de policías para prevenir disturbios y las Fuerzas Armadas permanecieron en alerta, según informó un vocero militar.
¿Quiénes están detrás de las protestas?
Analistas apuntan a una coalición informal de pequeños partidos y grupos de autodefensa, bien coordinados, con recursos y fuerte presencia en plataformas digitales, donde difunden desinformación para estigmatizar a personas migrantes. La agrupación más visible es March & March, que se define como un movimiento ciudadano preocupado por la migración irregular, a la que asocia con el desempleo, el crimen y la presión sobre los servicios públicos. La lidera la activista zulú de 39 años, Jacinta Ngobese-Zuma, exlocutora de radio, quien enfrenta un proceso por presunta incitación a la violencia pública, cargos que niega. En una reciente entrevista, sostuvo que no pueden hacerse responsables de brotes violentos espontáneos y que buscan “canalizar la ira hacia el gobierno”.
También convocan Operación Dudula, un pequeño partido de corte nacionalista, y Progressive Forces. Sus demandas incluyen controles fronterizos más estrictos, reglas más duras para visados, revisión de políticas de asilo y sanciones a empresas que empleen a migrantes sin autorización.
¿Por qué crecen los discursos xenófobos?
El rechazo a la inmigración ha ganado terreno en los últimos años, con picos de protestas violentas y ataques a extranjeros que han dañado la imagen del país, antes referente en derechos humanos tras la era Mandela. Entre los factores que alimentan estas tensiones figuran profundas desigualdades, una tasa de desempleo del 32,7%, servicios públicos deficientes y un elevado índice de homicidios. Aunque la Policía no detalla la nacionalidad de los autores de delitos, los migrantes —en especial quienes carecen de documentos— se han convertido en chivos expiatorios del malestar social. Pese a su lento crecimiento, Sudáfrica sigue siendo la mayor economía del continente y atrae a personas de países vecinos como Zimbabue y Malawi. Aun así, Stats SA estima la población extranjera en cerca de 3 millones, alrededor del 4% del total, una proporción baja en términos globales.
Durante una marcha en Johannesburgo, Bongani Cindi dijo a periodistas que se etiqueta injustamente de xenófobos a movimientos que plantean “problemas legítimos” y denunció delitos cometidos por “inmigrantes ilegales”. En contraste, el analista laboral Dale McKinley consideró que el discurso antiinmigración se ha convertido en un instrumento político de cara a las elecciones locales de noviembre, y que el verdadero problema es de “gobernanza, corrupción y mala gestión”.
¿Qué consecuencias han afrontado los migrantes?
En las últimas semanas se registraron protestas menores que derivaron en violencia contra extranjeros. Los hechos más graves ocurrieron el último fin de semana de mayo en Mossel Bay (Cabo Occidental), con siete personas de Mozambique fallecidas y 55 chozas incendiadas, según el gobierno mozambiqueño. Este fin de semana, un ciudadano ugandés murió tras ser golpeado por una turba, de acuerdo con reportes preliminares de la Policía. Uganda anunció un plan de evacuación para 746 nacionales que pidieron ser repatriados.
Miles de migrantes, principalmente de Zimbabue y Malawi, acudieron a sus embajadas y consulados para solicitar transporte de regreso por miedo a un aumento de la violencia tras el “ultimátum” de los grupos antiinmigración. Testimonios señalan que propietarios en Johannesburgo y Durban desalojaron a inquilinos extranjeros por temor a represalias y que empleadores despidieron a trabajadores foráneos para evitar ataques contra sus negocios. En el centro de Durban, una centena de personas duerme a la intemperie. El líder comunitario congoleño Mabako Majole denunció que fueron expulsadas pese a tener estatus legal y documentación en regla.
El cruce de Beitbridge, en la frontera con Zimbabue, registró un fuerte aumento del tráfico por los autobuses de evacuación. Las autoridades zimbabuenses facilitaron el retorno de más de 3.600 ciudadanos. Miles de malauíes también regresaron desde un centro temporal de repatriación en Durban. Ghana organizó la vuelta de unas 300 personas y Mozambique hizo lo propio, mientras que Nigeria repatrió a varios grupos, entre ellos 271 ciudadanos que llegaron a Lagos este martes. Kenia, Malawi y Lesoto emitieron alertas de seguridad para sus residentes en Sudáfrica; Nigeria, Ghana y Guinea-Bissau llamaron a consulta a los embajadores sudafricanos. Es la primera vez que varios países ejecutan planes de evacuación simultáneos ante una ola de violencia de este tipo.
Antecedentes y respuesta del gobierno
Aunque los organizadores sostienen que buscan la salida de migrantes indocumentados, la violencia y otras represalias rara vez distinguen la situación legal de las víctimas, como evidencian grabaciones ampliamente difundidas donde se impide a africanos acceder a servicios públicos de salud o educación. El temor es que la violencia escale, como en 2008, cuando 62 personas murieron en el peor brote registrado. En 2015 hubo siete fallecidos en ataques a comercios en Johannesburgo y Durban, y en 2019 se contaron al menos 18 muertos por agresiones xenófobas. También persiste el recuerdo de los disturbios de julio de 2021, ligados al encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, que dejaron unas 350 víctimas mortales tras días de saqueos y choques.
En la cuenta regresiva hacia el 30 de junio fijado por las organizaciones antiinmigración, el presidente Cyril Ramaphosa buscó reducir tensiones con el anuncio de mejoras en los planes para enfrentar la inmigración irregular e instó a líderes comunitarios tradicionales a usar su influencia para calmar los ánimos. Subrayó que las preocupaciones sobre la inmigración ilegal “son reales y merecen ser escuchadas”, pero recordó que el derecho a protestar no habilita amenazas, intimidación, vandalismo ni violencia.
