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UDI solicita urgencia del Gobierno para proyecto que baja la edad de responsabilidad penal a 13 años

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Escrito por:Alberto González

La bancada de diputados de la UDI pidió al Gobierno otorgar discusión inmediata a un proyecto que reduce la edad de responsabilidad penal de 14 a 13 años y permite que mayores de 16 puedan ser juzgados como adultos cuando reincidan o participen en delitos de alta connotación social.

La solicitud fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, junto a los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Coloma y Eduardo Cretton. Recordaron que la iniciativa fue ingresada por el gremialismo en julio de 2018 y que, desde entonces, no ha registrado avances relevantes.

El emplazamiento se da tras el homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo, ocurrido durante el robo de un vehículo perpetrado por un grupo compuesto en su mayoría por menores de edad.

La semana pasada, la Cámara aprobó un proyecto de resolución que pide al presidente José Antonio Kast acelerar la tramitación, con 77 votos a favor, 40 en contra y nueve abstenciones.

Los parlamentarios sostuvieron su postura en datos del Ministerio Público que, afirmaron, evidencian un alza en la participación de menores en organizaciones criminales: 4.158 casos en 2022, 4.675 en 2023 y 4.966 en 2024. En esa línea, citaron declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien señaló que, junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, se está evaluando una eventual reducción de la edad penal.

Según los diputados, el país enfrenta un contexto distinto al de una o dos décadas atrás, con mayor involucramiento de adolescentes en delitos violentos y uso de menores por parte de bandas debido a sanciones más bajas. Plantearon que, aunque el Estado debe promover la reinserción, también debe resguardar a la ciudadanía y asegurar sanciones proporcionales.

Además, solicitaron urgencia para otra iniciativa de la UDI que busca evitar la eliminación automática de antecedentes penales de menores al cumplir 18 años, con el fin de mantener registros que permitan acreditar reincidencias.

Concluyeron que es el Congreso quien debe definir si la normativa vigente responde a la criminalidad actual, y que una sociedad que demanda más seguridad espera sanciones acordes para quienes reinciden de manera reiterada.