Crece la inquietud en la región de Los Lagos por una circular de la Armada que, fechada el 30 de junio en formato digital, confirmaría ajustes a los requisitos para obtener la licencia de buzo profesional, incluyendo la eliminación del certificado de antecedentes para postulantes extranjeros.
El documento plantea una actualización integral del Reglamento de Buceo para buzos profesionales. Entre las modificaciones, incorpora a extranjeros con situación migratoria regular para desempeñar labores de buceo profesional, suprime la exigencia del certificado de antecedentes, establece la convalidación ante el Ministerio de Educación de estudios realizados fuera del país y propone modernizar normas de seguridad y equipamiento, reemplazando la normativa vigente.
Respecto de la supresión del certificado de antecedentes, la circular argumenta que dicho documento no aporta información técnica relevante para la decisión de la Autoridad Marítima y que su eliminación resguarda la libertad de trabajo y evita discriminaciones. En cuanto al estatus migratorio, los postulantes extranjeros deberán acreditar permanencia definitiva o residencia temporal que habilite actividades remuneradas en Chile.
La medida generó rechazo inmediato del alcalde de Calbuco, Marcos Silva, y del diputado Héctor Ulloa (IND-PPD). El jefe comunal advirtió que eximir a migrantes de presentar el certificado de antecedentes resulta especialmente preocupante por sus eventuales impactos en la seguridad marítima, al abrir la puerta —según su planteamiento— a posibles usos indebidos de la actividad por parte del crimen organizado.
Ulloa, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, señaló que es indispensable impedir la presencia de mafias en rubros sensibles y sostuvo que defenderá que este empleo permanezca prioritariamente en manos de trabajadores chilenos. Añadió que no se debe fomentar la creación de puestos a costa del empleo nacional y calificó como negativa la apertura a extranjeros en un sector clave para la región y su matriz productiva.
El parlamentario emplazó al Ejecutivo a revertir los cambios, recordando que en 2024 se aplicó una moratoria de dos años cuyo plazo ya expiró. La preocupación se extiende a diversas caletas de la zona.
