La Fundación Hijos y Madres del Silencio manifestó su profunda preocupación e indignación por la decisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos de cerrar la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), una instancia creada formalmente hace apenas cuatro meses.
En una declaración pública, la organización destacó que el cierre coincide con la entrega a Chile del informe final del Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega, un documento de más de 750 páginas. Según la fundación, el texto dedica un capítulo completo a Chile y consigna que, entre 1985 y 2016, 314 niños y niñas chilenos fueron enviados a Noruega, en su mayoría recién nacidos y de origen mapuche, con tramitaciones que pasaron principalmente por el juzgado de menores de Temuco.
La fundación subrayó el contraste entre la respuesta del país receptor, que reconoce institucionalmente las fallas de su Estado, y la decisión del país de origen de desmantelar la única unidad especializada en investigar estos casos y apoyar los reencuentros familiares. El comité noruego concluyó que no era apropiado autorizar la mediación con Chile en ese período, considerando que el país estaba bajo dictadura militar y que las autoridades noruegas conocían ese contexto.
El informe también recoge patrones que la fundación viene documentando desde hace años a partir del testimonio de las madres: casos en que se les dijo que sus hijos habían nacido muertos sin entregarles cuerpo ni certificados de defunción verificables. Asimismo, se registran resoluciones judiciales con lenguaje despectivo hacia mujeres pobres, jóvenes y mayoritariamente indígenas, atribuyendo su situación a un supuesto “atraso social y cultural”.
Otro hallazgo destacado por la fundación revela que el representante legal que gestionaba adopciones desde Chile hacia Noruega —quien recibía hasta mil dólares por cada niño enviado— otorgó un préstamo personal a la jueza que decidía la adoptabilidad y la asignación de familias, situación que el comité noruego calificó como un riesgo real de corrupción.
Para la organización, no es casual que esta determinación se adopte cuando distintos países europeos comienzan a revisar su responsabilidad histórica en estas adopciones. A su juicio, el cierre es una señal preocupante sobre las prioridades del Estado chileno frente a miles de familias que aún esperan respuestas.
Según la Fundación Hijos y Madres del Silencio, la UBAFI no fue creada por mera voluntad política, sino por mandato legal derivado de la Ley de Reajuste del Sector Público 2026, que obliga a la Subsecretaría de Derechos Humanos a realizar investigaciones administrativas cuando lo requiera el Poder Judicial, además de brindar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas. Esta obligación es el cauce para asegurar el derecho a la identidad consagrado en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el principio de subsidiariedad del Convenio de La Haya de 1993. La Resolución Exenta N°207 no elimina ese deber, pero sí deja al Estado sin el equipo técnico necesario para cumplirlo.
La fundación advirtió que un requerimiento judicial bastaría para evidenciar la falta de capacidad institucional actual. La decisión de la Subsecretaría, encabezada por Pablo Mira, dejó sin efecto la resolución que creó la unidad y desvinculó a los tres profesionales del equipo, cuyas funciones terminaron el 30 de junio. La UBAFI tenía una misión sensible: reconstruir historias, rastrear orígenes, localizar familias y facilitar reencuentros, mediante búsqueda documental, pericias genéticas, coordinación con consulados y embajadas, apoyo psicológico y jurídico, y cooperación internacional. El proyecto se interrumpió antes de cumplir medio año.
Ante este escenario, la Fundación exige revertir de inmediato la Resolución Exenta N°207 y restituir la UBAFI con recursos humanos y técnicos suficientes para su labor. También demanda la puesta en marcha efectiva del Banco de Huellas Genéticas comprometido desde febrero de 2026, que aún no entra en operación.
La organización solicita además una explicación pública y detallada sobre los criterios que motivaron el desmantelamiento de la unidad a pocos meses de su creación, así como el destino de sus funciones y de los casos en curso. Pide revisar las adopciones hacia Noruega a la luz de los hallazgos del informe NOU 2026:7, en coordinación con la causa penal bajo la dirección del ministro en visita, Alejandro Aguilar.
Finalmente, la fundación requiere garantías concretas de que la reasignación de funciones al gabinete de la Subsecretaría cuente con capacidad real —y no meramente formal— para responder a los requerimientos judiciales y a las solicitudes de búsqueda de origen establecidas por la ley.
