Las familias de seis jóvenes asesinados en Venezuela presentaron una demanda civil en un tribunal de Estados Unidos contra el expresidente Nicolás Maduro, a quien atribuyen la orden de ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura perpetrados por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). La acción judicial, conocida este miércoles, enmarca estos hechos dentro de un presunto patrón sistemático de violencia estatal.
Seis personas, identificadas con seudónimos, sostienen que entre 2017 y 2021 las FAES, actuando bajo la dirección de Maduro, mataron a los hijos de cuatro de las demandantes y a los hermanos de otra. Además, todas alegan haber sufrido torturas, y tres de ellas interponen reclamos específicos por ese delito. La querella, radicada en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, consta de 44 páginas.
El documento indica que estas muertes forman parte de un número mucho mayor de víctimas atribuidas a unidades de seguridad bajo el mando de Maduro, entre ellas las FAES, disueltas en 2021 tras múltiples denuncias de abusos, incluidas las de organismos internacionales. El exmandatario se encuentra detenido en Nueva York a la espera de un juicio penal por cargos de narcotráfico. Los demandantes solicitan una compensación económica.
Según el relato presentado ante la corte, los operativos ocurrían de madrugada: los agentes llegaban a los barrios vestidos de negro, con el rostro cubierto, separaban a los hombres de sus familias y les disparaban. Después, elaboraban versiones oficiales para sostener que las víctimas habían “resistido a la autoridad”. Una madre asegura que su hijo murió asfixiado con su propia sangre tras ser brutalmente golpeado y baleado.
La demanda sostiene que Maduro convirtió a las FAES en un instrumento político y de control social para reprimir la disidencia, sembrar terror en comunidades de bajos ingresos y eliminar a opositores, mientras un poder judicial parcializado impedía la rendición de cuentas. Los testimonios también acusan a los agentes de manipular escenas del crimen y señalan que, en al menos un caso, la fiscalía admitió haber recibido instrucciones de no investigar a ese cuerpo policial.
