El Gobierno informó que presentará indicaciones al proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con el objetivo de que jóvenes de 16 a 18 años puedan ser juzgados bajo el régimen de adultos cuando se les imputen delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación o secuestro. La medida busca endurecer las sanciones en los casos más severos, en un escenario de creciente participación de menores en hechos vinculados al crimen organizado. La aplicación del régimen adulto quedaría circunscrita únicamente a esos delitos.
El anuncio, realizado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, reactivó el debate político sobre la forma de enfrentar la delincuencia juvenil. Un sector de parlamentarios respaldó un incremento de las sanciones y planteó reforzar la respuesta frente a redes criminales, mientras otros llamaron a perfeccionar el sistema vigente sin reducir la edad de responsabilidad penal.
El diputado independiente de la bancada del PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, propuso que adolescentes entre 14 y 18 años reciban el régimen normal de penas cuando se trate de homicidio, violación o secuestro. Además, instó a revisar la normativa que castiga el reclutamiento de menores por organizaciones delictuales, con el fin de identificar y corregir falencias.
Desde la misma comisión en la Cámara, el jefe de bancada del PDG, Juan Valenzuela, sostuvo que el escenario ha cambiado y que el crimen organizado utiliza a niños cada vez más jóvenes, aprovechando vacíos legales. Planteó apertura a debatir una eventual rebaja de la edad de responsabilidad, junto con fortalecer los mecanismos de reinserción.
En el Senado, el socialista Juan Luis Castro manifestó disposición a evaluar medidas que mejoren la respuesta frente a la delincuencia adolescente, siempre que no supongan reducir la edad penal. Afirmó que esa vía no ha probado ser eficaz en otros países para disminuir la criminalidad juvenil, aunque se mostró a favor de establecer estándares diferenciados que consideren la reincidencia y la gravedad de los delitos, incluyendo la pérdida de beneficios.
El ministro Rabat precisó que el Ejecutivo no impulsará una disminución de la edad de responsabilidad penal, sino ajustes al marco vigente. Entre las indicaciones se contempla aumentar las sanciones para adolescentes de 14 a 16 años que cometan delitos graves, como robos con violencia, e incorporar por primera vez la reincidencia y la reiteración como agravantes.
