La muerte de un niño de 12 años en San Bernardo reabrió una discusión incómoda: cómo responder cuando delitos violentos son cometidos por menores. La Moneda no optará por bajar la edad de responsabilidad penal, como proponen algunos, sino por endurecer las consecuencias para adolescentes de 14 a 17 años que participen en crímenes especialmente graves. La idea es no cambiar quiénes ingresan al sistema, sino ajustar las reglas para quienes traspasan ciertos umbrales.
Según trascendió, la próxima semana el Gobierno presentará indicaciones a un proyecto que ya se tramita en el Congreso y que podría redefinir el tratamiento penal de adolescentes en delitos violentos.
La base será una moción de 2022 del entonces diputado y hoy senador Andrés Longton, actualmente en su segundo trámite en el Senado. El eje central es crear un mecanismo de “transferencia judicial”: frente a delitos de alta gravedad, un juez podría disponer que un joven de 16 o 17 años sea juzgado bajo el régimen penal de adultos. No operaría de forma automática ni para cualquier ilícito. En el listado preliminar figuran secuestros, homicidios, atentados explosivos y robos con violencia. La Fiscalía debería solicitarlo y el tribunal ponderaría la gravedad del caso, el rol del imputado, sus antecedentes y el riesgo para la comunidad antes de resolver.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, reiteró que no se evalúa bajar la edad de responsabilidad penal fijada en 14 años. Señaló que el foco estará en reformar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en línea con los compromisos internacionales de Chile, incluidos los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño. La apuesta es reforzar el sistema vigente más que reemplazarlo.
Las indicaciones también introducirán formalmente la reincidencia y la reiteración como agravantes específicas en el sistema juvenil, permitiendo aumentar sanciones cuando un adolescente acumule condenas o vuelva a delinquir. Para delitos graves, las penas máximas podrían duplicarse. Rabat ejemplificó con robos violentos como portonazos: para menores de 14 a 16 años, la sanción subiría de 5 a 10 años. La meta es que la trayectoria delictiva tenga efectos concretos al sentenciar.
Otro ajuste apunta a quienes delinquen siendo menores y cumplen la mayoría de edad durante la condena. Hoy muchos permanecen en recintos juveniles después de los 18 años. El plan oficial es que, en casos de delitos graves y con pena pendiente, sean trasladados a secciones juveniles en cárceles de adultos. Existen 611 cupos habilitados y solo 61 están en uso. El ministro argumentó que mantener jóvenes adultos con adolescentes produce una “contaminación criminal” relevante.
Además, se reforzarán las facultades de Gendarmería y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para controles en centros de internación, especialmente en escenarios de alta complejidad. El diagnóstico es que el resguardo actual se concentra en el perímetro, mientras persiste el ingreso de drogas, encomiendas y elementos prohibidos, con experiencias recientes que lo confirman.
El plan penal se complementa con iniciativas preventivas. El Gobierno impulsa un proyecto de responsabilidad parental, ingresado el 19 de junio, para involucrar a madres, padres y cuidadores cuando menores de 14 años comienzan a mostrar conductas delictivas, bajo la premisa de que la prevención debe iniciarse antes de los 14. En paralelo, se dará urgencia a la creación de un tipo penal específico contra organizaciones y adultos que recluten o utilicen menores para cometer delitos.
