La Contraloría General de la República determinó que Trinidad Steinert, exministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast, actuó fuera de sus atribuciones al solicitar a la PDI información detallada sobre funcionarios involucrados en una investigación penal en curso.
Según el pronunciamiento, la información requerida por Steinert no era necesaria para las funciones de planificación, coordinación y supervisión propias del Ministerio de Seguridad, por lo que excedía el marco legal que regula la relación con las policías. Además, el organismo advirtió que ese nivel de detalle podía interferir en una causa penal vigente, algo expresamente prohibido por la normativa.
El caso se originó a partir de presentaciones de los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla, quienes cuestionaron un oficio reservado enviado por la ministra al director general de la PDI, Eduardo Cerna, a dos días de asumir el cargo, en marzo. En ese documento, fechado el 13 de marzo, Steinert pidió nombres completos, RUT, grados, destinos actuales, antecedentes disciplinarios, sumarios y eventuales denuncias penales de funcionarios vinculados al caso “Clan Chen” en Tarapacá. Pocos días después, la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, fue removida a solicitud del Ministerio de Seguridad, lo que abrió dudas sobre motivaciones personales.
Para la Contraloría, los requerimientos no encajaban en las facultades legales del ministerio ni en las finalidades de política pública que justifican pedir información a las policías. El dictamen subraya que la ley impide solicitar antecedentes cuya divulgación pueda afectar investigaciones penales en desarrollo.
Otro punto relevante es el posible conflicto de interés. La Contraloría señaló que los pedidos de Steinert recaían sobre una brigada con la que trabajó cuando fue fiscal regional de Tarapacá, por lo que debía abstenerse para evitar comprometer su imparcialidad. En consecuencia, el organismo concluyó que su actuación no se ajustó a las atribuciones legales ni al deber de abstención exigible en esos casos.
El dictamen no establece responsabilidades penales ni cuestiona la legalidad de la salida de la entonces prefecta general de la PDI, cuya desvinculación fue considerada conforme a derecho.
