El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, cuestionó el cierre de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares. Esta instancia, creada durante el gobierno de Gabriel Boric, fue recientemente desmantelada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del actual gobierno de José Antonio Kast. Para Gajardo, la medida constituye “un retroceso tan importante y doloroso”.
El exsecretario de Estado recordó que, de acuerdo con antecedentes de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de 2018, así como diversas indagaciones penales y trabajos académicos y periodísticos, las prácticas de adopciones forzadas o irregulares se remontan al menos a la década de 1950 y se agudizaron durante la dictadura. Sostuvo además que las estimaciones elaboradas en esas investigaciones apuntan a más de 20 mil casos en el país.
Gajardo defendió la creación de la unidad durante la administración anterior, señalando que respondía a un mandato legal aprobado por el Congreso y que tenía por objetivo articular una respuesta estatal integral para las víctimas. Según detalló, la Unidad de Búsqueda Administrativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos fue concebida para coordinar acciones con el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal, incluida la implementación de un banco de huellas genéticas que facilitara el reencuentro de familias.
En ese marco, criticó la decisión del actual gobierno, a la que atribuyó una contradicción entre los compromisos públicos y las acciones al interior del ministerio. A su juicio, al cerrar la unidad “se les cierran las puertas a las víctimas” y se desandan avances construidos mediante acuerdos y trabajo conjunto entre distintas administraciones y poderes del Estado.
La unidad había sido puesta en marcha en febrero de este año como una de las recomendaciones de la mesa interinstitucional sobre adopciones forzadas o irregulares. Su misión contemplaba la realización de investigaciones administrativas, la coordinación de búsquedas de orígenes y familiares y el impulso del Banco de Huellas Genéticas previsto en la Ley de Reajuste del sector público para 2026.
No obstante, la Subsecretaría de Derechos Humanos, dirigida por Pablo Mira, resolvió suprimirla y trasladar sus funciones al gabinete de la repartición. La autoridad argumentó criterios de eficiencia en el uso de recursos públicos y la falta de requerimientos judiciales durante los primeros meses de operación. La medida quedó formalizada en una resolución del 22 de junio y comenzó a ejecutarse esta semana, cuando los funcionarios fueron informados de que sus labores concluirían el 30 de junio. De este modo, la unidad cesó antes de cumplir medio año de funcionamiento.
