El Gobierno intentó atenuar el impacto del caso Steinert. Habló de un “error”, de una lección para el futuro y de mayor prolijidad en adelante. Sin embargo, el dictamen de la Contraloría no aludió a una simple falla administrativa ni a una firma mal puesta: estableció que la exministra actuó fuera de sus atribuciones legales y vulneró el deber de abstención.
Pese a ello, la respuesta del Ejecutivo se ha inclinado más por enfriar la discusión y eludir costos políticos que por una autocrítica abierta.
El pronunciamiento contra la exministra de Seguridad abrió una fisura y dejó instalada una pregunta clave: ¿será Trinidad Steinert la primera autoridad del gobierno de José Antonio Kast en enfrentar una acusación constitucional? La idea circula con fuerza, impulsada por los diputados Raúl Leiva (PS) y Patricio Pinilla (DC), quienes solicitaron el pronunciamiento al ente fiscalizador. La bancada socialista ya analiza el cuadro político y coordinará pasos con la oposición, especialmente con integrantes de la comisión de seguridad. La decisión final se tomará con jefes de bancada y directivas partidarias.
¿Un “error” de Steinert? La controversia se inició con un oficio reservado emitido 48 horas después de su llegada a la cartera. En él, la ministra solicitó a la PDI nombres, RUT, destinos, antecedentes disciplinarios y eventuales denuncias de funcionarios que participaron en la investigación del “Clan Chen”, causa de crimen organizado aún vigente y que ella conocía por su gestión como fiscal regional de Tarapacá. Contraloría determinó que esos requerimientos excedían las competencias del Ministerio de Seguridad y podían interferir en una indagatoria penal en curso.
El conflicto político no se limitó al documento. La entonces subdirectora de la PDI, consuelo Peña, respondió el oficio y poco después dejó la institución. Antes de su salida se realizó una reunión reservada entre la ministra y el director general de la PDI, Eduardo Cerna. Este negó que el encuentro estuviera vinculado a la remoción de Peña, pero no esclareció si Steinert pidió su salida ni entregó detalles del diálogo. La secuencia alimentó dudas y sospechas. Contraloría despejó parte del cuadro y confirmó lo que se comentaba en pasillos: Steinert cruzó un límite.
Los paños fríos del Gobierno. Más complejo que el dictamen es la defensa sostenida por semanas a favor de la exministra. José Antonio Kast la respaldó públicamente y no se observan autocríticas. Ministros y legisladores oficialistas sostuvieron que actuó dentro de sus facultades y que había sobrerreacción política; el órgano contralor concluyó lo contrario. En ese marco, las palabras del ministro Claudio Alvarado buscando restar dramatismo generaron ruido: “Todos los ministros podemos cometer algún tipo de error”, dijo, añadiendo que el caso servirá para actuar con mayor cuidado. Consultado por autocrítica, respondió que el Ejecutivo valora el trabajo de Steinert en su breve gestión. El actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, evitó profundizar en el fallo y subrayó el respeto a los límites institucionales y al rol coordinador del ministerio. Sobre la salida de Consuelo Peña, se limitó a respaldar la autonomía de la PDI y a señalar que se siguieron los procedimientos.
Acusación constitucional y el margen que observa la oposición. El tono del Gobierno contrasta con la lectura de quienes promovieron el requerimiento. Aunque existe debate sobre el uso político de las acusaciones constitucionales, el escenario cambia con un dictamen que afirma que una ministra actuó fuera del marco legal. El jefe de bancada PS, Raúl Leiva, calificó el hecho como inusual en la relación entre Contraloría y ministros, y cuestionó que el Ejecutivo reduzca el episodio a un error administrativo. Abrió la posibilidad de una acusación, condicionada a fundamentos jurídicos y al contexto político. Patricio Pinilla coincidió en exigir una definición clara del Gobierno reconociendo el exceso de atribuciones y evaluó herramientas de fiscalización como una comisión investigadora o una acusación, dado que, según el fallo, se infringieron deberes constitucionales y legales.
Steinert: 69 días de gestión. La exministra estuvo poco más de dos meses al frente de Seguridad, en una administración marcada por tensiones con la PDI y una salida anticipada que se convirtió en la primera gran crisis de la nueva cartera y uno de los episodios más incómodos del arranque del Gobierno. Al asumir, llevaba dos años en el norte y, según diversas versiones, buscaba alguna estabilidad laboral en caso de dejar el cargo. Tras el dictamen que acreditó que actuó fuera de sus atribuciones y quebrantó el deber de abstención, la interrogante es otra: ¿podrá el Ejecutivo responder a la que habría sido una condición que ella puso al ingresar al gabinete?
