El Juzgado Civil de Mulchén ordenó a la empresa Servimar y a su representante legal pagar cerca de 9 mil millones de pesos a los herederos de quien fue reconocido como dueño de la mitad del terreno donde opera el vertedero Licura. La defensa de Manuel Recart anunció que recurrirá del fallo.
La sentencia, dictada en primera instancia, estableció que los hijos de Ismael Rojas Rifo, fallecido en 2002, acreditaron que su padre era copropietario de los predios donde Manuel Recart, propietario de Servimar, instaló el vertedero.
Cálculo de la indemnización cercana a $9 mil millones
El tribunal también reconoció los derechos de los herederos sobre el 50% de los ingresos —estimados en 18 mil millones de pesos— que la empresa habría percibido durante casi tres décadas por la operación del recinto, según explicó el abogado de la familia, Francisco Vera, quien valoró la resolución. A su juicio, la decisión acoge íntegramente las pretensiones de sus representados y establece un enriquecimiento sin causa por parte de Recart y Servimar derivado del funcionamiento del vertedero.
Respecto del monto fijado, el abogado señaló que se determinó mediante el análisis de información pública y antecedentes obtenidos vía Ley de Transparencia, vinculados a los pagos efectuados por los municipios que desde 1998 envían sus residuos al lugar. Agregó que durante el juicio debieron acreditar las rentas brutas generadas por la disposición final de desechos y cuestionó la falta de colaboración de la empresa para aportar documentos, balances y libros contables.
Servimar apelará
Por su parte, el abogado Jorge Menchaca, representante de Recart, informó que apelarán, argumentando que el fallo incurre en errores al no considerar que no todos los terrenos en disputa —donde se emplaza el vertedero— fueron adquiridos en copropiedad. Sostuvo que existen interpretaciones que no comparten y precisó que serían 6 hectáreas compradas por Recart a título personal para estos fines.
El vertedero Licura continúa en operaciones pese a los intentos de clausura en 2021, cuando se preveía el término de su vida útil. Atiende principalmente a comunas de La Araucanía y a algunas del Bío Bío, como Mulchén, Negrete, Quilaco y San Rosendo.
