El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, afirmó que golpear la estructura financiera del Tren de Aragua debe ser la prioridad para desmantelar a la organización. Sus declaraciones se producen tras concretarse la extradición desde Colombia de dos integrantes de la banda, aunque advirtió que la falta de cooperación efectiva desde Venezuela continúa siendo uno de los principales obstáculos para combatirla en la región.
Barros recalcó que el Tren de Aragua no es solo un grupo violento dedicado a homicidios, secuestros y extorsiones, sino una empresa criminal orientada al lucro. Mientras no se afecte su patrimonio y el flujo de dinero que llega a sus líderes, insistió, no será posible destruirla. Como coordinador de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Región Metropolitana, encabeza investigaciones como la del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago, un caso con aristas políticas que se atribuye a órdenes de altas esferas del chavismo.
En el marco de esa causa, Colombia autorizó la extradición a Chile de Dayonis Orozco Castillo, ya ingresado al país, y de Larry Álvarez Nuñez, cuya llegada se espera en las próximas semanas y es considerado uno de los fundadores de la organización. Pese a estos avances, la inexistencia de un interlocutor válido en Venezuela dificulta erradicar por completo la red. Al menos seis personas con órdenes de detención por el crimen de Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, permanecen en territorio venezolano sin ser investigadas.
El fiscal subrayó que, aunque Chile ha introducido cambios internos, se trata de un fenómeno transnacional que exige coordinación con Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia y especialmente Venezuela. Recordó que la Operación Tokio fue el último gran golpe de la Fiscalía: desarticuló una red de lavado de activos que entre 2022 y 2025 extrajo de Chile cerca de 80 millones de dólares mediante el uso de empresas de criptomonedas y transferencias a otros países.
La magnitud del patrimonio detectado muestra el alcance del Tren de Aragua y sus franquicias, un modelo de expansión basado en la explotación de mercados ilegales. Según Barros, la organización se insertó en Chile aprovechando nichos poco desarrollados por la delincuencia local. En el ámbito de la explotación sexual, aseguró el control del negocio y se queda con alrededor del 45% de los ingresos generados por las mujeres bajo su dominio. Además, se volcó al tráfico de drogas sintéticas como tusi y ketamina, e impuso esquemas de extorsión poco habituales en el país, obligando a comerciantes y organizadores de eventos a pagar para operar sin represalias.
Barros reconoció falencias en la detección oportuna del lavado de dinero, una de las lecciones que dejó la Operación Tokio. A su juicio, la respuesta del sistema de persecución y prevención es lenta y la organización ya aprendió a operar con un margen de uno a dos años antes de ser detectada. En ese lapso crean empresas de papel, mueven recursos, usan plataformas de remesas y criptomonedas y, cuando quedan expuestos, sustituyen la estructura para seguir moviendo fondos.
Esa capacidad de adaptación también se refleja en conductas más brutales para eludir a la policía. Según el fiscal, han comenzado a enterrar cuerpos en lugares difíciles de detectar y a reducir su exposición pública para esquivar la presión mediática y policial. En los últimos dos años, Chile ha desarticulado varias células operativas, como Los Piratas —vinculada al caso Ojeda e integrada por el recientemente extraditado Orozco Castillo— y Los Gallegos, asociada a homicidios, trata de personas e incluso a un intento de atentado contra la Fiscalía de Arica.
Barros concluyó que Chile atraviesa una transformación profunda en materia delictual y que los desafíos por delante exigen dejar atrás la figura del fiscal centrado en la flagrancia para enfocarse en fenómenos criminales complejos y de alcance internacional.
