El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, sostuvo que golpear la estructura financiera del Tren de Aragua debe ser la prioridad para desarticular por completo a la organización. Sus declaraciones se produjeron tras la extradición desde Colombia de dos de sus integrantes, aunque advirtió que la falta de cooperación efectiva desde Venezuela sigue siendo uno de los principales obstáculos para derrotar a esta red en la región.
Barros recalcó que el Tren de Aragua es “mucho más que un grupo violento que mata, secuestra y extorsiona”: se trata, dijo, de una empresa criminal orientada al lucro. Mientras no se ataque su patrimonio y el flujo de dinero hacia sus líderes, no será posible destruirla, enfatizó.
Como coordinador de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios de la región Metropolitana, Barros encabeza indagatorias como la del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago, un crimen que se sospecha tuvo motivación política y habría sido ordenado desde altos niveles del chavismo. En esa causa, Colombia autorizó la extradición de Dayonis Orozco Castillo —ya ingresado al país— y de Larry Álvarez Núñez, considerado uno de los fundadores del grupo, cuya llegada se concretará en las próximas semanas.
Pese a estos avances, Barros señaló que la inexistencia de un interlocutor válido en Venezuela dificulta erradicar la organización. Al menos seis personas con órdenes de detención por el asesinato de Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, permanecen en territorio venezolano sin haber sido investigadas. Subrayó que el fenómeno debe enfrentarse a nivel internacional, con cooperación de Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia y, especialmente, Venezuela.
El último gran golpe del Ministerio Público fue la Operación Tokio, que desbarató una red de lavado de activos que entre 2022 y 2025 sacó de Chile cerca de 80 millones de dólares a través de empresas de criptomonedas. Para Barros, la magnitud del patrimonio detectado confirma el éxito del Tren de Aragua y sus franquicias, un modelo de expansión lucrativo basado en la explotación de mercados ilegales. En el ámbito de la explotación sexual, aseguró, la organización se quedó con alrededor del 45% de los ingresos generados por las mujeres bajo su control. Además, se volcó al tráfico de drogas sintéticas como tusi y ketamina, e impuso esquemas de extorsión poco habituales en Chile, obligando a comerciantes y organizadores de eventos a pagar para operar sin represalias.
Barros admitió que uno de los “dolores” de la Operación Tokio fue no haber detectado en tiempo real la salida de millones de dólares del país. A su juicio, la reacción del sistema para prevenir y perseguir el lavado de activos es lenta, y el Tren ya “le tomó el ritmo” al Estado: dispondrían de un margen de uno a dos años antes de ser detectados, período en el que crean empresas de papel, transfieren fondos, usan plataformas de remesas y criptomonedas y reemplazan estructuras cuando estas son identificadas.
Esa capacidad de aprendizaje también se refleja en conductas más brutales para disminuir la presión policial. La organización estaría ocultando cuerpos en lugares de difícil detección y evitando la sobreexposición mediática para reducir el foco investigativo. En los últimos dos años, Chile ha desmantelado varias células operativas, entre ellas Los Piratas —vinculada al crimen de Ojeda e integrada por el recién extraditado Orozco Castillo— y Los Gallegos, involucrada en homicidios, tráfico de personas y un intento de atentado contra la Fiscalía de Arica.
Barros concluyó que Chile atraviesa una transformación radical en materia delictual y que los desafíos exigen dejar atrás la figura del fiscal centrado solo en casos de flagrancia para enfocarse en fenómenos criminales complejos y transnacionales.
