El diputado Jaime Bassa (FA) señaló que la oposición analiza la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a partir del informe de la Contraloría General de la República sobre su actuación en el llamado caso Steinert.
El parlamentario recordó que la acusación constitucional es uno de los principales instrumentos de control político contemplados en la Constitución, que permite a la Cámara de Diputadas y Diputados exigir responsabilidad a ciertas autoridades, incluidos ministros y exministros de Estado. A su juicio, los antecedentes del informe de Contraloría entregarían bases para evaluar este mecanismo, dirigido a hacer efectiva la responsabilidad política de exautoridades.
En esa línea, Bassa advirtió que el tema sigue abierto y en revisión. Sostuvo que el contenido del informe es preocupante y que, de confirmarse lo señalado, podría configurarse un ilícito constitucional bajo la figura de abuso de poder por parte de la exministra.
Respecto de las razones que sustentarían una acusación, el legislador afirmó que el caso revelaría un modo de gestión que excede los límites normativos. Planteó que no solo reflejaría improvisación en materia de seguridad, sino también una forma de gobernar cercana al abuso de poder. Vinculó además esta situación con prácticas internas del Congreso, sugiriendo que, así como en ciertas comisiones se habría intentado superar la legalidad interna de la Cámara, ahora se estaría sobrepasando la normativa constitucional.
Bassa enfatizó que, de verificarse el ilícito, existirían argumentos sólidos para recurrir a la acusación constitucional, por ser el mecanismo previsto para exigir responsabilidad política a un exministro de Estado.
Sobre el proceso de decisión, indicó que la discusión se desarrolla en distintas instancias políticas, tanto al interior de su bancada como en el resto de la oposición. Defendió además la vigencia y legitimidad de la acusación constitucional dentro del ordenamiento, y precisó que la conducta atribuida a la exministra —calificada como abuso de poder— corresponde a una infracción que el texto constitucional vigente tipifica como ilícito.
