El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, asistió este lunes a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para defender el proyecto que crea un Registro Nacional de Personas Condenadas por Actos Vandálicos e Incivilidades. Además de aclarar aspectos técnicos de la propuesta, manifestó disposición a introducir cambios en lo relativo a la publicidad del registro y a los criterios de acceso a su información.
Alvarado destacó que la iniciativa busca centralizar condenas y sanciones firmes vinculadas a conductas que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes. Subrayó que solo se incorporan personas con sentencias ejecutoriadas y que los efectos de la inscripción son temporales, objetivos y proporcionales.
Frente a los cuestionamientos, defendió la proporcionalidad de la medida. Precisó que la inscripción opera como una pena accesoria, complementaria a la sanción principal, y que ese es el ámbito donde se aplica el criterio de proporcionalidad. Detalló que quienes cometen crímenes o simples delitos relacionados con actos vandálicos permanecen cinco años en el registro, mientras que las faltas clasificadas como incivilidades se inscriben por un año. La reincidencia aumenta esos plazos y solo los casos más graves activan un régimen más estricto. Recalcó, además, que el proyecto se sustenta en la constatación objetiva de una condena por delitos que afectan bienes públicos o servicios esenciales, descartando que haya discriminación por condición social u otras características personales.
Respecto a la definición de actos vandálicos e incivilidades, aclaró que el proyecto no emplea conceptos amplios, sino que establece un catálogo taxativo de delitos y faltas que serán incorporados al registro, evitando interpretaciones expansivas por parte de los tribunales. Sobre la eficacia de la herramienta, planteó que su evaluación debe considerar el conjunto de conductas contempladas, especialmente aquellas con penas menores, donde la inscripción puede tener un efecto disuasivo. A su juicio, la existencia de esta pena accesoria hará que potenciales infractores reflexionen antes de incurrir en estas faltas.
En cuanto a la publicidad del registro y el posible impacto reputacional, sostuvo que la iniciativa no altera el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, ya que las sentencias condenatorias son actualmente públicas. Explicó que el proyecto facilita el acceso a esa información sin modificar regímenes de secreto o reserva. Con todo, se mostró disponible a ajustar el diseño, por ejemplo, incorporando categorías o niveles según el tipo de infracción, o regulando quiénes podrán consultar el registro. Reiteró que el Ejecutivo está abierto a perfeccionar el texto durante su tramitación.
Al cierre, Alvarado indicó que el objetivo central es resguardar el orden en ciudades y comunidades, entendido como condición para el ejercicio de derechos y libertades, e instó a avanzar en la discusión legislativa.
En la sesión también intervino el ministro de Seguridad Pública, quien valoró el clima de trabajo en la comisión y la coincidencia en que las incivilidades deterioran el espacio público y aumentan la percepción de inseguridad. Reconoció que existen diferencias que deberán resolverse en la votación en particular y en las indicaciones, y aseguró la disponibilidad del Gobierno para alcanzar acuerdos.
