El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), cuestionó este lunes el dictamen reciente de la Contraloría General de la República que determinó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sobrepasó sus atribuciones al solicitar a la PDI antecedentes de funcionarios involucrados en una investigación penal en curso. Esto ocurre mientras la oposición analiza impulsar una comisión investigadora y algunos parlamentarios no descartan una acusación constitucional contra la exsecretaria de Estado del gobierno de José Antonio Kast.
Alessandri planteó que, en su opinión, el Congreso difícilmente alcanzará a tramitar iniciativas de ese tipo. “No hay tiempo para eso”, afirmó, aunque centró sus reparos en el contenido del dictamen, al estimar que el órgano encabezado por la contralora Dorothy Pérez emitió una opinión sobre una autoridad de confianza política. El diputado indicó que consultó a especialistas en derecho administrativo, quienes, según dijo, ven en el pronunciamiento un precedente inédito y, en algunos casos, un posible exceso de competencias. “Algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones; lo que hizo la ministra no constituía conflicto de interés, no estaba hablando de algo que la beneficiara a ella”, señaló en una entrevista radial.
Si bien valoró el rol de la Contraloría en casos de alta connotación pública, Alessandri llamó a revisar el alcance del dictamen. “Ha sido fundamental en muchas materias, como la detección del fraude en licencias médicas. Pero el poder político reside en las autoridades electas: el Congreso y el Presidente de la República”, recalcó. En esa línea, subrayó que la designación de ministros corresponde al mandatario, mientras que la Contraloría debe resguardar el uso correcto de los recursos públicos y la legalidad de los actos.
El dictamen que involucra a Steinert concluyó que la solicitud de información a la PDI excedía las funciones del Ministerio de Seguridad y podía interferir en una investigación vigente. Además, señaló que la entonces ministra debió inhabilitarse, ya que la brigada policial sobre la cual pidió datos había trabajado con ella cuando ejercía como fiscal regional de Tarapacá. La resolución abrió un nuevo flanco para el Ejecutivo, mientras la oposición define si impulsa una comisión investigadora en la Cámara o una acusación constitucional.
