Tras recuperar la libertad mediante el pago de una caución de 2 millones de pesos, el exseremi de Salud y odontólogo Matías Letelier Muñoz, formalizado por hacerse pasar por carabinero, entregó explicaciones sobre por qué vestía una indumentaria similar a la policial y realizaba controles vehiculares en la Avenida del Mar el viernes reciente. No obstante, dos de sus principales argumentos fueron refutados por la Municipalidad de La Serena y por Carabineros, según confirmaron a Diario El Día.
El municipio serenense desmintió la versión de Letelier, quien afirmó que un funcionario municipal le solicitó ayuda para ordenar el tránsito mientras una retroexcavadora efectuaba maniobras en el lugar. Desde la casa consistorial señalaron que personal de Seguridad Ciudadana no pidió colaboración alguna y plantearon que el imputado pudo haberse confundido, ya que en ese momento operaban trabajadores con maquinaria pesada que eventualmente podrían haber solicitado apoyo para el flujo vehicular.
Otra de las explicaciones del exseremi fue que usaba vestimenta táctica porque se dirigía a un curso organizado por una presunta “Asociación de Oficiales y Suboficiales activos y en retiro” de Carabineros, con la que, según dijo, mantenía un vínculo ligado al área de salud desde su llegada a La Serena. Carabineros desmintió tajantemente esa versión: precisó que Letelier no tiene relación formal con la institución ni lazos familiares en ella, y recordó que la legislación chilena no permite asociaciones de funcionarios activos, por lo que una entidad con esas características no existe legalmente. Además, incluso si se tratara de civiles o personal en retiro, no corresponde exigir ni justificar el uso de ropa táctica u operativa como la que portaba el imputado.
Estas aclaraciones se conocen mientras el Ministerio Público sigue adelante con la investigación por los delitos de usurpación de funciones públicas, uso de uniforme policial, receptación de placa patente y porte de un arma de fuego adaptable. El Juzgado de Garantía de La Serena fijó un plazo de 120 días para la indagatoria.
