La Fiscalía ofreció las primeras salidas por procedimiento abreviado a Karina Oliva Pérez, ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana, formalizada en 2021 junto a 11 ex militantes de Comunes por presunto fraude de subvenciones en su campaña.
El caso se originó en noviembre de 2021, cuando se denunció que siete militantes de Comunes habrían presentado boletas por 137 millones de pesos vinculadas a la campaña de Oliva. Esto motivó una revisión del Servel y la apertura de una investigación penal bajo la hipótesis de que se inflaron gastos para obtener devoluciones indebidas del Servicio Electoral.
Tras dos años de indagatorias, el Ministerio Público formalizó a 12 ex militantes del ya disuelto Comunes, entre ellos el ex administrador electoral, el ex presidente y la ex secretaria ejecutiva del partido. A Oliva se le impusieron medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
En diciembre pasado, la Fiscalía cerró la investigación y presentó acusación, solicitando siete años de presidio para la ex candidata, dejando abiertas las alternativas de un juicio oral o mecanismos abreviados. El jueves se realizó una audiencia para explorar un eventual acuerdo de procedimiento abreviado, ocasión en que el Ministerio Público presentó sus primeras propuestas. Además, se fijó para la mañana del 8 de octubre la audiencia de preparación de juicio oral. En los meses previos, las partes podrán negociar para intentar evitar el juicio.
El abogado de Oliva, Juan Carlos Manríquez, confirmó que evaluarán opciones de salidas alternativas, como el procedimiento abreviado, habitual en causas con múltiples imputados. Señaló que en octubre se definirá si el caso se resuelve de manera concentrada o avanza a juicio oral.
Las acusaciones
Entre diciembre de 2025 y enero de este año, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado presentaron sus escritos acusatorios contra Oliva y otros 11 ex militantes. Según la imputación, la ex candidata, junto a ex dirigentes y miembros de su equipo, habría ejecutado maniobras para inflar y encubrir gastos electorales con el fin de obtener devoluciones indebidas del Servel.
El mecanismo habría operado en la primera y segunda vuelta de 2021 mediante la entrega de boletas y facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados o con montos artificialmente incrementados. Entre los gastos cuestionados figuran pagos a integrantes del comando, dirigentes del partido y asesorías de la Fundación Chile Movilizado, cuyos informes habrían sido plagios de trabajos de Criteria Research.
La Fiscalía y el CDE señalan a Karina Oliva, Martín Miranda (ex administrador electoral), Jorge Ramírez (ex presidente) y Camila Ríos (ex secretaria ejecutiva) como quienes habrían tomado las decisiones centrales sobre gastos y financiamiento. Otros imputados habrían intervenido emitiendo documentos o justificando servicios objetados.
Se calcula un perjuicio fiscal por varios cientos de millones de pesos. Para Oliva y los principales acusados, los organismos persecutores solicitan penas de hasta siete años de prisión por fraude de subvenciones reiterado.
