Ocho querellas criminales fueron ingresadas contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; el seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz; y el director del Serviu regional, Rodrigo Muñoz. Las presentaciones las realizaron familias afectadas por el megaincendio que golpeó Viña del Mar en 2024.
Las acciones, impulsadas por vecinos de El Olivar, acusan a las autoridades de irregularidades en el proceso de reconstrucción. Sostienen que la paralización de faenas y el término de contratos se habrían basado en documentación falsa, la cual serviría para justificar órdenes de demolición de viviendas incluidas en el plan de reposición.
El abogado de las familias, Juan Andrés Pavez, señaló que los querellados enfrentan imputaciones por presunta prevaricación administrativa reiterada, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público.
Según el jurista, las autoridades buscan demoler 170 viviendas sociales, atribuyendo supuestas fallas constructivas.
Conflicto por viviendas
Pavez afirmó que las medidas han perjudicado directamente a los beneficiarios, impidiéndoles recibir sus casas pese a que, en muchos casos, presentan avances de entre 95% y 98%. Agregó que entre los damnificados hay adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes oncológicos y niños, quienes continúan viviendo como allegados a la espera de la entrega.
También cuestionó el fundamento técnico de las demoliciones, asegurando que diversos informes no avalan esa opción. Indicó que especialistas —entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura Cristian Castillo— y reportes del IDIEM solicitados por la propia autoridad no recomendarían derribar las construcciones.
Empresa también presentó una querella
Estas querellas se suman a la presentada el 5 de junio por la empresa Social Arquitectura, patrocinadora del proyecto habitacional, dirigida igualmente contra las mismas autoridades. En ese escrito se denuncian presuntos delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público y fraude al Fisco.
La compañía sostiene que las decisiones adoptadas habrían excedido las competencias legales y habrían provocado, entre otros efectos, la demolición de cuatro viviendas que no registraban observaciones en los informes técnicos.
En paralelo, las familias informaron que está pendiente la resolución de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el que buscan frenar nuevas demoliciones de viviendas sociales en El Olivar.
