Las denuncias por presuntas irregularidades dentro del Ministerio de la Mujer continúan en aumento. Esta vez, las diputadas Constanza Schonhaut (FA) y Carolina Cucumides (PS) acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento jurídico y una fiscalización respecto de eventuales beneficios salariales otorgados durante el reciente cambio de autoridades.
La presentación se suma a los cuestionamientos planteados días antes por la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer (ANFUMMEG), los que motivaron a la ministra Judith Marín a ordenar una investigación sumaria.
En su requerimiento, las parlamentarias piden que la Contraloría determine si los aumentos de sueldos y otros beneficios concedidos en la transición de la Subsecretaría —entre la salida de Daniela Castro (RN) y la llegada de Marcia Raphael (RN)— se ajustaron a la normativa, contaron con financiamiento disponible y fueron aprobados por la autoridad competente. También solicitan identificar los actos administrativos que respaldaron esas decisiones, aclarar si requerían toma de razón y, en caso de resultar improcedentes, establecer si corresponde exigir la devolución de los recursos y abrir procedimientos disciplinarios.
El escrito, además, solicita una auditoría o indagación especial sobre el uso de fondos públicos en la cartera, incluyendo pagos de horas extraordinarias, viáticos y procesos de compras públicas que han sido objetados por el gremio.
Constanza Schonhaut calificó como grave la posibilidad de irregularidades y pidió a la Contraloría pronunciarse sobre la legalidad de los actos y la pertinencia de realizar una auditoría, interna o externa. En tanto, Carolina Cucumides afirmó que una simple investigación sumaria no es suficiente y advirtió que no se puede permitir que la institucionalidad que respalda a las mujeres del país se vea comprometida por la actuación de sus autoridades.
Las diputadas fundamentaron su solicitud en la declaración pública difundida el 3 de julio por ANFUMMEG. En ese texto, la asociación advirtió un deterioro significativo de la gestión interna, con dificultades en el pago de horas extras, viáticos, sala cuna, proveedores y servicios básicos, además de errores en compras públicas y una ejecución presupuestaria que calificaron de mínima. El punto más sensible, según el gremio, serían “beneficios salariales auto otorgados” durante el cambio de autoridades y alzas de remuneraciones que no habrían seguido los procedimientos correspondientes.
Ante estos antecedentes, la organización presentó denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría por presuntos delitos funcionarios y eventuales hechos de corrupción. Tras conocerse estas acusaciones, la ministra Judith Marín ordenó una investigación sumaria y aseguró que no permitirá “ninguna mala práctica”.
