La Fiscalía ha solicitado la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, procesada por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación vinculados a su actividad profesional.
El Ministerio Público sostiene que no hay indicios de delito en su conducta y rechaza que haya obtenido retribuciones o ventajas adicionales relacionadas con la cátedra pública que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
En un escrito de conclusiones conocido este jueves, la Fiscalía extiende la petición de exoneración a otros dos acusados: Cristina Álvarez, asesora de Gómez y señalada por los mismos delitos, y el empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Pese a esta posición, el juez instructor, Juan Carlos Peinado, decidió el 20 de junio enviar el caso a juicio con jurado popular, un movimiento que ha suscitado una notable controversia política y mediática.
Para la Fiscalía, ni Gómez, ni Álvarez, ni Barrabés recibieron remuneraciones ni beneficios, directos o indirectos, derivados de la actividad de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, ni ejercieron presiones sobre empresas para impulsar ese proyecto o sus patrocinios. Añade que ninguno de los investigados obtuvo provecho económico del software desarrollado para la cátedra y que no consta perjuicio patrimonial para la universidad.
El Ministerio Público también ha recurrido la retirada del pasaporte impuesta por el juez Peinado a Gómez y Álvarez al apreciar riesgo de fuga. Esta semana, un juez suplente autorizó de forma provisional la devolución del pasaporte a Gómez para viajar a Londres y asistir a la graduación de una de sus hijas, aunque denegó el desplazamiento para acompañar a su esposo a la cumbre de la OTAN en Turquía.
La causa contra Gómez se abrió en abril de 2024 tras una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias, basada en informaciones periodísticas.
