El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA) concluyó que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo, encarcelado desde diciembre de 2022 por su intento de disolver el Congreso, fue arbitraria. En su opinión, fechada el 4 de junio y difundida el 9 de julio por medios peruanos, los expertos recomiendan su liberación inmediata y la reparación correspondiente.
El dictamen reaviva el debate sobre una posible excarcelación. Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022, fue arrestado tras anunciar la disolución temporal del Parlamento, un gobierno por decreto y la reorganización del sistema judicial. Sin respaldo de las Fuerzas Armadas, fue capturado cuando se dirigía a la Embajada de México para solicitar asilo. Ese mismo día fue destituido por el Congreso. En noviembre de 2025, recibió una condena en primera instancia de 11 años y seis meses por conspiración para la rebelión; su defensa alega que el delito no se consumó. Permanece recluido en el penal de Barbadillo, con una salida prevista, en teoría, para mayo de 2034.
El GTDA sostiene que su aprehensión careció de base legal conforme al derecho interno e incumplió estándares internacionales. Alega que, siendo presidente en funciones, no podía ser detenido antes de que el Congreso levantara el antejuicio político, trámite que se completó cinco días después. También cuestiona que el Ministerio Público ordenara la captura al no ser una autoridad judicial independiente. Además, señala vulneraciones al debido proceso: Castillo no tuvo acceso inmediato a un abogado de su elección y fue asistido inicialmente por un defensor público sin su consentimiento, lo que habría limitado el tiempo y los medios para preparar su defensa. Por ello, el grupo propone su liberación inmediata, el reconocimiento de una indemnización u otras formas de reparación y una investigación exhaustiva e independiente sobre la privación arbitraria de libertad, con eventuales medidas contra los responsables.
La posibilidad de que Castillo recupere la libertad depende de la justicia peruana, ya que la opinión del GTDA no es vinculante. No obstante, la recomendación refuerza los cuestionamientos a la legalidad de su detención y condena, en un contexto de polarización donde sus simpatizantes denuncian motivaciones políticas. En campaña, el candidato izquierdista y aliado de Castillo, Roberto Sánchez, ofreció indultarlo si llegaba al poder; ese escenario perdió fuerza tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta a inicios de julio. Aun así, el presidente en funciones, José María Balcázar, mantiene la facultad de conceder indultos y no ha descartado del todo esta opción.
En paralelo, la defensa de Castillo ha presentado siete solicitudes de gracia o indulto, todas rechazadas hasta ahora por considerarse que el proceso sigue en curso por las apelaciones. La más reciente, del 25 de junio, fue admitida a revisión por la Comisión de Gracias Presidenciales, según informó el ministro de Justicia, Luis Jiménez. La petición invoca la atribución constitucional que permite otorgar gracia a condenados sin sentencia firme, condición en la que se encuentra el exmandatario. Se espera una respuesta del Ministerio en el corto plazo.
