El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que no permitirá que la toma de posesión del 7 de agosto de su sucesor, Abelardo de la Espriella, se realice en una guarnición militar, como pretendía el mandatario electo. Señaló que, hasta el momento del juramento, los cuarteles permanecen bajo su mando como comandante supremo y que ningún oficial rinde honores militares a un civil que aún no ha asumido el cargo.
Petro subrayó que la transmisión de mando debe realizarse conforme a la Constitución y las leyes, que establecen la posesión ante el Congreso en sesión plena. Recalcó que ese es el procedimiento seguido históricamente por los presidentes colombianos y que el recinto del Congreso es la sede prevista por la normativa para el acto.
El desencuentro se produce tras la decisión de De la Espriella de suspender el empalme con el gobierno saliente, luego de que Petro insistiera en la existencia de fraude electoral y señalara al candidato de izquierda Iván Cepeda como el verdadero vencedor.
Para el académico Edgar Fuentes-Contreras, de la Universidad de los Andes, el pulseo por el cambio de mando refleja una disputa sobre el rumbo político del país más que una crisis institucional. A su juicio, las entidades del Estado —como el Congreso y los órganos de control— han mantenido su curso, mientras el clima político y la gobernabilidad se ven tensionados. Estimó que, en los próximos días, se buscarán mecanismos para retomar el empalme y dar cumplimiento a la ley, pese a la suspensión de reuniones.
Respecto a la interrupción de la transición anunciada por De la Espriella, el analista apuntó que no se trata de una decisión unilateral, pues el propio gobierno saliente ya contemplaba ajustes ante el ambiente de acusaciones cruzadas. En su lectura, ambas partes alimentan una crisis política: el presidente electo, al sostener un discurso de confrontación y denuncias de corrupción; y el saliente, al desconocer los resultados tras los conteos y decisiones de la autoridad electoral.
Sobre la advertencia de De la Espriella de un presunto golpe de Estado, Fuentes-Contreras consideró que responde a una estrategia política de “resistencia constitucional” y de alerta pública. Recordó que, aunque el gobierno de Petro realizó amplios relevos en la cúpula militar, la tradición institucional de las Fuerzas Armadas colombianas es sólida, por lo que ve remota la hipótesis de una ruptura.
El experto describió la llegada de De la Espriella como parte de un ciclo de personalización de la política, más allá de los viejos partidos Liberal y Conservador. Sostuvo que la elección tuvo rasgos de voto castigo y que el presidente electo se presenta como abogado ajeno a las maquinarias, en contraste con la trayectoria de Petro, quien también ha privilegiado plataformas alrededor de su liderazgo.
En cuanto al balance del gobierno saliente, Fuentes-Contreras destacó la expansión de programas sociales y los intentos por avanzar en una “paz total”, además de incrementos significativos del salario mínimo. No obstante, advirtió sobre costos fiscales, presiones inflacionarias y la persistencia de problemas de seguridad, así como reportes incompletos o parciales en algunos informes oficiales que restan claridad al cierre de gestión.
Finalmente, el analista sostuvo que el legado más visible de este periodo no proviene solo del Ejecutivo, sino de la resiliencia institucional: pese a choques con el Banco de la República, la Fiscalía, el Congreso y las altas cortes, las entidades mantuvieron sus contrapesos. Tras los escrutinios y la negativa inicial de Petro a reconocer a De la Espriella, las instituciones respaldaron el resultado certificado por la autoridad electoral. Para Fuentes-Contreras, pese a sus problemas, la arquitectura de 1991 sigue mostrando capacidad para preservar la estabilidad democrática.
