Venezuela afronta una fase de reconstrucción marcada por una posible presión excesiva sobre materiales y mano de obra, tras los recientes terremotos que, según el Gobierno, afectaron al menos 856 edificios, con 190 colapsados, aunque la cifra podría aumentar. Esteban Tenreiro, ingeniero estructural e hijo del arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura Oscar Tenreiro, advirtió que la urgencia por reparar daños está disparando la demanda de bloques, cemento y albañiles, lo que encarecerá costos y complicará el acceso para quienes perdieron sus viviendas. Propuso priorizar intervenciones en hospitales, escuelas y edificaciones con daños severos.
Las autoridades calculan que se requerirán unas 25.000 viviendas para atender a casi 18.000 personas que quedaron sin hogar tras los sismos del 24 de junio, una estimación que podría subir conforme avancen las inspecciones de estructuras no colapsadas pero comprometidas. Para organizar la respuesta, el Gobierno aplicó un sistema de marcaje por colores: verde para inmuebles seguros, amarillo para alerta y revisión, y rojo para alto riesgo y acceso restringido, aunque no todos los edificios han sido evaluados. Tenreiro subrayó que las inspecciones en inmuebles en rojo o amarillo son indispensables, costosas y lentas, y que en casos críticos será necesario demoler.
Raúl Estévez, doctor en Geofísica y profesor de la Universidad de los Andes, señaló que profesionales del Colegio de Ingenieros y del Estado deben evaluar tanto las construcciones dañadas por los últimos terremotos como aquellas que resistieron el sismo de 1967, aun sin evidencias visibles de deterioro.
En cuanto al plan de reconstrucción, el Gobierno anunció un trabajo acelerado para levantar campamentos unifamiliares temporales, posiblemente con viviendas prefabricadas, y la identificación de espacios para erigir ciudades y edificaciones antisísmicas. Un sobrevuelo en la zona devastada de La Guaira permitió ubicar más de 40 terrenos, con un total de 584.000 metros cuadrados, adecuados para construcciones de poca altura. Tenreiro advirtió que el proceso será prolongado: aún hay estructuras colapsadas sin inspeccionar y la edificación de nuevos conjuntos podría llevar años. Planteó incorporar técnicas modernas, materiales más resistentes y actualizar normativas para mejorar el desempeño ante futuros eventos.
Estévez insistió en la necesidad de aprender a convivir con el riesgo sísmico y prepararse para mitigar sus efectos. Recordó que no es posible predecir terremotos, pero sí reducir sus consecuencias con buena ingeniería, controles y planificación. A su juicio, los desastres no se explican solo por los sismos, sino por malas prácticas constructivas, corrupción e ineficiencia estatal.
Respecto a las causas del colapso, Tenreiro explicó que la ingeniería sismorresistente tiene límites: diseñar para cualquier escenario implicaría costos prohibitivos. En La Guaira, la zona más dañada, muchos edificios habrían sido calculados para una demanda sísmica inferior a la registrada. Rechazó atribuir la magnitud de los derrumbes únicamente a fallas de diseño y pidió estudios de ingeniería forense para entender por qué algunas estructuras resistieron y otras no.
Recordó que en la construcción existe una cadena de responsabilidades: los fallos pueden originarse en proyectos deficientes, cambios sobre el diseño original —como cargas superiores a las previstas—, materiales de baja calidad o falta de mantenimiento. Estévez añadió que en áreas afectadas de Caracas y La Guaira predominan suelos blandos que amplifican las ondas sísmicas, y advirtió sobre posibles incumplimientos de la normativa. Desde 1967, las reglas sismorresistentes contemplan la interacción suelo–estructura; según dijo, ese criterio no se respetó de forma adecuada en ambas localidades.
