La Dirección de Presupuestos (Dipres) presentó su nuevo Informe de Finanzas Públicas (IFP), que prevé para este año un déficit efectivo equivalente al 2,0% del PIB y un déficit estructural de 2,6%, en línea con la meta fiscal fijada para 2026.
El documento atribuye la mejora del balance efectivo a mayores ingresos del sector minero —principalmente por cobre y litio— y a una contención adicional del gasto por $709.993 millones. No obstante, advierte que entre 2027 y 2030 las holguras fiscales seguirán siendo negativas, lo que mantendrá restringido el crecimiento del gasto en los próximos años.
En síntesis, las señales para las finanzas públicas combinan avances en el corto plazo con alertas relevantes para el mediano plazo.
Proyecciones, déficit y deuda
En el IFP del segundo trimestre de 2026, la Dipres actualizó sus proyecciones anuales y el marco fiscal 2027-2030. Estima para 2026 un déficit efectivo de 2,0% del PIB y un déficit estructural de 2,6% del PIB, cifras mejores que las del informe previo (2,4% y 2,8%, respectivamente). La corrección responde, principalmente, a mayores ingresos mineros y a un ajuste adicional del gasto público por $709.993 millones.
Con ello, el Gobierno cumpliría la meta fiscal definida para 2026 en el Decreto de Política Fiscal. Sin embargo, el panorama hacia adelante es más desafiante. Para seguir la trayectoria de balance estructural comprometida, el gasto deberá ubicarse por debajo de lo hoy programado. Las holguras fiscales continúan en terreno negativo entre 2027 y 2030, con un rango de entre -0,2% y -0,5% del PIB anual.
En términos prácticos, el Estado dispondrá de menos margen para financiar todos sus compromisos si no se concretan nuevas fuentes de ingresos, ajustes de gasto o una mejora del escenario macroeconómico.
La situación es particularmente relevante por el nivel de deuda pública, cercano al umbral prudente de 45% del PIB. Según la Dipres, si el gasto se ajusta a la meta fiscal, la deuda bruta se mantendría bajo ese límite en todo el período y cerraría 2030 en 44,1% del PIB. Pero con el gasto actualmente comprometido, la deuda superaría el 45% desde 2029 y alcanzaría 45,5% en 2030.
Este ajuste se conoce en una semana clave para la agenda económica del Ejecutivo, marcada por la discusión en el Senado de la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico, conocida como la “megarreforma”. El Gobierno apuesta a que ese paquete impulse la inversión, acelere el crecimiento y contribuya a revertir el deterioro del empleo, con la desocupación en 9,4%.
El debate, no obstante, se desarrolla en medio de interrogantes fiscales planteadas por economistas y organismos técnicos, que cuestionan si los efectos procrecimiento llegarán a tiempo y con la magnitud necesaria para compensar sus costos sobre las cuentas públicas.
En el frente macroeconómico, el informe adopta una postura más cauta: la proyección de crecimiento para 2026 baja de 2,1% a 1,8%, coherente con un desempeño más débil de la actividad en la primera parte del año, sobre todo en rubros vinculados a recursos naturales.
Así, aunque el cobre y el litio aportan un alivio relevante a la recaudación, el Gobierno enfrenta una tensión de fondo: recomponer las finanzas públicas sin frenar la recuperación que busca consolidar en el segundo semestre. Para Hacienda, el reto es traducir la mejora de 2026 en una senda sostenible. Para el Congreso, la cuestión será si la reforma económica logra equilibrar el objetivo de dinamizar la inversión con la necesidad de mantener controlados el déficit y la deuda.
