Perú y Chile se han afianzado como destinos centrales de la migración venezolana en Sudamérica, registrando volúmenes inéditos de llegadas y un viraje visible en la opinión pública respecto de los migrantes. Las principales urbes de ambos países absorben un flujo que reconfigura dinámicas sociales, políticas y económicas, mientras los discursos oficiales y las respuestas estatales exponen tensiones y retos de integración.
En la última década, Perú pasó de ser un país emisor a receptor neto. Latinometrics estima que residen allí unos 1,84 millones de extranjeros, de los cuales el 87% son venezolanos: alrededor de 1,6 millones. Esta cifra ya supera a la diáspora peruana en el exterior, calculada en 1,67 millones. El informe destaca que la presencia venezolana en Perú constituye hoy la segunda mayor diáspora de la región, detrás de la colombiana.
El viraje coincide con el deterioro político y económico de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro. La hiperinflación, el desempleo y el colapso institucional empujaron a millones a salir. Perú, por su crecimiento y normativa inicialmente flexible, emergió como destino clave. En 2017 se implementó el Permiso Temporal de Permanencia, que allanó la regularización y el acceso a la economía formal y servicios; en 2023 se introdujo la Tarjeta de Permiso de Residencia Temporal para ajustar la gestión de una población en aumento.
La integración ha sido desigual. Según el Banco Mundial, más del 80% de los venezolanos en Perú participa activamente en el mercado laboral y más del 30% tiene educación superior. Aun así, la informalidad alcanza al 88,6% de la población ocupada venezolana, de acuerdo con la ENAHO 2024 del INEI. Pese a las barreras, ACNUR y el Banco Mundial calculan un aporte cercano a 530 millones de dólares anuales, equivalente al 1,3% del PBI, y un retorno fiscal de 2,6 soles por cada sol invertido en políticas de apoyo. Para ACNUR, la integración no se reduce al impacto económico: la documentación, la educación, la salud y el empleo permiten reconstruir proyectos de vida y fortalecer a las comunidades de acogida.
Las expectativas de permanencia también han cambiado. Un estudio de ACNUR registró que en 2018 el 73% planeaba quedarse en Perú; en 2022 la proporción superó el 90%, pero la medición más reciente la reduce al 62%. Un 30% expresa intención de retornar a Venezuela en cinco años y un 8% querría hacerlo en los próximos 12 meses, si las condiciones lo permiten. Influyen la situación interna venezolana, la persistente informalidad en Perú y las dificultades para acceder a derechos y servicios.
El impacto social es igualmente profundo. En Perú y Chile se ha intensificado la percepción negativa hacia la inmigración. Latinometrics reporta que ocho de cada diez peruanos la consideran perjudicial, uno de los niveles más altos de la región, frente a un promedio latinoamericano de 51,4%. La mayor visibilidad de la comunidad venezolana y discursos que asocian migración con inseguridad y falta de empleo alimentan el recelo y han permeado campañas y agendas políticas recientes.
Chile también concentra una porción relevante de esta movilidad: Naciones Unidas estima en torno a 700.000 los venezolanos residentes. Aunque la proporción es menor que en Perú, las tensiones en el debate público son similares y se han amplificado en contextos de inestabilidad y aumento del delito. En Perú, la narrativa que relaciona migración con criminalidad organizada ha ganado terreno, pese a la falta de evidencia que correlacione la sola exposición a migrantes con un repunte de la xenofobia.
Las respuestas estatales han combinado aperturas humanitarias con endurecimiento administrativo. Perú, luego de una fase flexible, restringió permisos y elevó requisitos de ingreso y residencia. En Chile, se habilitó la salida expedita de venezolanos con pasaportes vencidos para facilitar retornos humanitarios tras los terremotos en Venezuela, medida obstaculizada por la suspensión de relaciones diplomáticas, que ha dejado a miles en un limbo documental.
El fenómeno es regional. Naciones Unidas y el Banco Mundial calculan que cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela, con Colombia, Perú, Ecuador y Chile como principales receptores. Paralelamente, la migración peruana hacia Estados Unidos, España y Chile se mantiene, impulsada por una alta informalidad laboral —cercana al 75% en adultos y 87% en jóvenes, según Latinometrics— y por la inestabilidad política.
La coyuntura sigue en evolución. La crisis democrática en Perú y los cambios políticos en Venezuela bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez podrían redefinir decisiones de permanencia, retorno o reubicación de millones de venezolanos. El desafío para Perú y Chile será equilibrar la gestión de la movilidad con la cohesión social y la protección de derechos, en un escenario donde la migración continúa moldeando el mapa sudamericano.
