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Gran Concepción
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Una nueva bofetada al proceso de descentralización y un "golpe al corazón" del Gran Concepción. Con indignación, molestia e impotencia reaccionaron las autoridades comunales de la Región del Biobío tras confirmarse la decisión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de paralizar y congelar la tramitación de las adjudicaciones para los corredores de transporte público de la Ruta 160 y la Ruta 150. La medida —notificada por oficio interno al Ministerio de Obras Públicas para no absorber los compromisos financieros— cayó como un balde de agua fría en una zona que arrastra años de colapso vial crónico.
Lo que genera mayor fricción en la zona no es solo la suspensión de casi US$ 400 millones en inversiones clave, sino la forma en que el nivel central operó. Los alcaldes apuntaron directamente a la falta de consideración de un Ejecutivo que se escuda en la "consolidación fiscal", recortando proyectos que ya habían sido licitados tras casi una década de trabajo técnico y social.
El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, fustigó la falta de deferencia del Ministerio de Hacienda al no haber canales formales de comunicación, enterándose del freno presupuestario por la prensa.
"Estamos muy molestos. Nos enteramos a través de la publicación de un diario; esto se hace entre gallos y medianoche por si pasa, y la verdad es que no pasó (...). Es una bofetada de indiferencia que viene a acentuar la desigualdad y la centralización que tenemos en este país", sentenció el jefe comunal.
Por su parte, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, apuntó al desconocimiento técnico y territorial de la decisión de Quiroz, asegurando que las autoridades centralistas evalúan la vialidad desde la comodidad de sus despachos.
"A mí lo que me da la impresión es que el ministro Quiroz jamás se ha subido a una micro, porque es muy complejo poder comprender una decisión de posponer una inversión en la que se llevaba mucho tiempo trabajando (...). Es la decisión de un ciudadano que no está en contacto con la realidad que venía a solucionar este proyecto", cuestionó Spoerer.
El malestar político cobró más peso al comparar las prioridades del gasto público. Mientras en la Región Metropolitana la inversión en extensiones y nuevas líneas del Metro supera los miles de millones de dólares, la infraestructura del Gran Concepción —donde transitan a diario más de 27 mil vehículos y el desempleo regional ronda el 10,4%— vuelve a la carpeta de los "proyectos congelados" por "falta de holguras".
Frente a esto, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, hizo un duro contraste sobre el costo por kilómetro que financia el fisco en la capital.
"Ministro Quiroz, yo le hago un llamado desde Talcahuano a que recorte solamente 4 kilómetros de la línea del Metro que usted está en plena ejecución en su Región Metropolitana, y con eso podemos financiar un corredor de transporte que beneficia no solo a cuatro comunas, sino a la Región del Biobío", emplazó Saavedra.
A diferencia de otros conflictos políticos de coyuntura, la decisión del ministro Quiroz logró un consenso pocas veces visto en la región: ediles oficialistas, de oposición, gremios productivos como la Cámara Chilena de la Construcción, transportistas y el gobernador regional Sergio Giacaman se alinearon para exigir la revocación del dictamen.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, catalogó este episodio como una "prueba de fuego" para la capacidad de peso político del Biobío ante La Moneda.
"Aquí hoy día se ha puesto a prueba el liderazgo de la Región del Biobío. Santiago nos está poniendo el pie (...). O cada uno busca un liderazgo unipersonal o nos unimos. El llamado es a la unidad y a hacer acciones coordinadas para demostrar a Santiago que la región no se posterga", enfatizó Vera.
Ante la nula apertura del equipo económico de la administración del presidente José Antonio Kast para dar marcha atrás, los jefes comunales advirtieron que no aceptarán "migajas de compensación". De no revertir el oficio de Hacienda, no descartan sumarse o convocar a movilizaciones sociales en las calles de la cuenca del Biobío, marcando un duro precedente frente a las decisiones tomadas "a nivel central".