Fundación Cristóbal Miranda: impulsarán proyecto de ley para endurecer la seguridad en eventos masivos

En las dependencias de la Gobernación Regional del Biobío se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Fundación Cristóbal Miranda Olivares, iniciativa impulsada por la familia del joven de 20 años que perdió la vida tras sufrir una brutal golpiza durante una fiesta de fin de año en Espacio Marina, en la comuna de Talcahuano.

El encuentro contó con una emotiva convocatoria de familiares, amigos, allegados y representantes legales, marcando el inicio formal de una organización dedicada a erradicar la violencia en la juventud, apoyar a familias víctimas de hechos similares y exigir estándares reales de protección en recintos nocturnos.

Carolina Olivares, madre del joven, explicó que el propósito de esta iniciativa nace de la necesidad de transformar un profundo dolor en un legado que perdure y genere conciencia en la sociedad.

"Creemos que los propósitos trascienden y en eso estamos, que Cristóbal deje un legado. Queremos trabajar para que la violencia no sea normalizada en nuestros jóvenes y para que existan las garantías mínimas de seguridad en los recintos", manifestó la madre tras la presentación.

Asimismo, enfatizó que la agrupación no busca impedir que la juventud se divierta, sino garantizar que cualquier persona que asista a una discoteca o evento masivo cuente con las condiciones básicas de resguardo.

En el marco de este hito, el abogado de la familia, Remberto Valdés, dio a conocer importantes avances en el plano legislativo y judicial. Anunció la presentación de un proyecto de ley que llevará el nombre de Cristóbal Miranda, el cual busca regular de manera estricta a las productoras de eventos y a los arrendadores de espacios.

La iniciativa impondrá la obligatoriedad de contar con cámaras de vigilancia operativas, personal de salud, ambulancias en el lugar y responsabilidad civil directa de los organizadores. Además, fijará la prohibición absoluta de vender entradas a eventos que no hayan sido previamente autorizados y fiscalizados por las autoridades correspondientes.

Respecto al avance de la causa penal, la defensa detalló que actualmente existen siete personas privadas de libertad, de las cuales dos se encuentran en prisión preventiva y cinco bajo arresto domiciliario total, sumado a querellas contra coautores y encubridores. A esto se añade una ampliación de querella por cuasidelito de homicidio dirigida contra los organizadores del evento, apuntando a las graves negligencias de seguridad cometidas durante la jornada.

Desde la fundación y el equipo legal reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera transversal para que ningún otro joven pierda la vida en circunstancias de inseguridad preventiva.