El Sindicato de Extrabajadores de Huachipato enfrenta el riesgo de que se embargue una propiedad avaluada en 5 mil millones de pesos, tras la demanda laboral interpuesta por una exsecretaria histórica de la organización.
La directiva actual sostiene que estas acciones judiciales formarían parte de una estrategia para despojar al sindicato de su patrimonio.
Se intensifica el conflicto entre exdirigentes y exfuncionarios del Sindicato Número 1 de Trabajadores de Huachipato y la actual mesa encabezada por Álvaro Riquelme.
Primero fue la directiva vigente la que presentó una querella contra sus predecesores, a quienes atribuyen la desaparición de más de mil millones de pesos. Ahora son exdirigentes y antiguos trabajadores quienes impulsan acciones judiciales propias.
Riquelme acusa mala fe detrás de las demandas laborales ingresadas por el exfuncionario Manuel Acuña y la exsecretaria Rosy Matamala, quienes solicitan indemnizaciones por años de servicio por un monto cercano a 150 millones de pesos.
“Ahora entendemos que esto estaba coordinado con antelación; por eso los finiquitos se cursaron tan rápido. El presidente saliente utilizó sus últimas atribuciones para cerrar los contratos de los dos trabajadores del sindicato. Detrás de todo hay un plan, todo estaba predefinido”, afirmó Riquelme.
Las críticas apuntan a Juan Alberto Aguilera, expresidente del Sindicato Número 1, por haber autorizado el pago de finiquitos millonarios cuando, según acusan, ya había sido removido del cargo.
En el marco de la demanda de Rosy Matamala, se solicitó al Juzgado de Cobranza el embargo de una cuenta corriente del sindicato y de la propiedad arrendada al Servicio de Salud Talcahuano. El presidente actual considera improcedente que se acoja la solicitud presentada por una persona que, dijo, está bajo investigación por presunta apropiación indebida de fondos.
“Estamos en una situación compleja con la demanda de la señora Rosy, porque ella pidió el embargo de las cuentas y también de la principal propiedad del sindicato. Los tribunales laborales son protrabajador y no están considerando que existe una querella en la que buscamos la restitución de una cifra aún mayor”, señaló.
La abogada de la exsecretaria, Carolina Pincheira, declinó hacer comentarios, indicando que todo permanece en tramitación y que se referirá al caso únicamente en sede judicial.
