El Sindicato de Trabajadores de Huachipato enfrenta el riesgo de embargo sobre un inmueble avaluado en 5 mil millones de pesos, a partir de la demanda laboral interpuesta por una exsecretaria emblemática de la organización.
La actual directiva sostiene que detrás de estas acciones judiciales existe una maniobra destinada a despojar al sindicato de su patrimonio.
Se intensifica el conflicto entre antiguos dirigentes y personal del Sindicato N.º 1 de Trabajadores de Huachipato y la mesa que actualmente encabeza Álvaro Riquelme.
En una primera etapa, la administración vigente presentó una querella contra sus predecesores por la presunta desaparición de más de mil millones de pesos. Ahora, exdirigentes y exfuncionarios del gremio han iniciado sus propias acciones legales.
Riquelme atribuye mala fe a estas demandas laborales, impulsadas —según afirma— por el exfuncionario Manuel Acuña y la exsecretaria Rosy Matamala, quienes solicitan cerca de 150 millones de pesos por indemnizaciones y años de servicio.
“Ahora nos queda claro que esto estaba planeado desde antes; por eso los finiquitos se concretaron en tan poco tiempo. El presidente saliente aprovechó sus últimas facultades para finiquitar a los dos trabajadores del sindicato. Detrás de todo esto hay un plan”, señaló el dirigente.
Las críticas se dirigen a Juan Alberto Aguilera, expresidente del Sindicato N.º 1, a quien acusan de autorizar millonarios finiquitos cuando ya había sido removido de su cargo.
En el marco de la demanda presentada por Rosy Matamala, se solicitó al Juzgado de Cobranza el embargo de una cuenta corriente del sindicato y del inmueble arrendado al Servicio de Salud Talcahuano. El presidente actual del gremio considera improcedente que prospere una solicitud promovida por alguien que —afirma— está bajo investigación por presunta apropiación indebida de fondos.
“Estamos muy complicados con la demanda de la señora Rosy, porque pidió el embargo de las cuentas y también el de la propiedad más valiosa del sindicato. Los tribunales laborales son pro trabajador y no están considerando que existe una querella en la que buscamos la restitución de una suma aún mayor”, afirmó Riquelme.
Consultada, la abogada de la exsecretaria, Carolina Pincheira, declinó realizar comentarios y señaló que todo se tramita ante la justicia, instancia en la que entregará sus pronunciamientos.
