El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago consideró, en esta fase de la causa, suficientemente sustentados los delitos de lavado de activos y fraude por omitir una oferta pública de adquisición (OPA) en la investigación del llamado Caso Sartor.
La decisión se conoce tras dos semanas de audiencias de formalización, instancia en la que la Fiscalía expuso los fundamentos para pedir prisión preventiva contra cinco exdirectores y ejecutivos ligados al Grupo Sartor: Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
Según lo detallado en la audiencia, el tribunal también tuvo por configurados de manera provisional otros delitos, entre ellos diversas modalidades de estafa, con un perjuicio estimado que supera los $2.200 millones.
Asimismo, se consideró la existencia de administración desleal en el caso de Gabriela Negrín, y de apropiación indebida en relación con Comercial Sur Chile y Credicorp.
Respecto del presunto contrato simulado, el tribunal no lo dio por establecido en esta etapa.
La audiencia seguirá con el examen del grado de participación que habrían tenido los imputados en los ilícitos considerados preliminarmente acreditados. Luego, el tribunal evaluará la necesidad de medidas cautelares y resolverá si acoge la solicitud del Ministerio Público de imponer prisión preventiva a los cinco acusados.
La controversia por Michael Clark
Uno de los focos del debate fue la situación de Michael Clark y su relación con Azul Azul. La defensa argumentó que su intervención se produjo mediante la compra de cuotas de un fondo de inversión que ya controlaba el 63% de la sociedad vinculada a la Universidad de Chile, por lo que —según su tesis— no correspondía una OPA.
La Fiscalía sostuvo lo contrario y afirmó que la operación implicó una toma de control indirecta que sí exigía una oferta pública de adquisición.
El fiscal Juan Pablo Araya, además, exhibió antecedentes que, a juicio del Ministerio Público, demostrarían la injerencia de Clark en decisiones de Azul Azul.
Perjuicio a inversionistas
Otro tema central fue el posible daño causado a los inversionistas del Grupo Sartor. Las defensas cuestionaron las imputaciones y aludieron, entre otros elementos, al rol de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la decisión inicial de revocar la autorización de Sartor AGF.
Para las partes querellantes, en cambio, el menoscabo patrimonial se generó con anterioridad a las actuaciones de la CMF y los imputados ya disponían de información sobre la situación financiera del conglomerado.
