El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago consideró, en esta fase del proceso, acreditados los delitos de lavado de activos y fraude por omitir una oferta pública de adquisición (OPA) en la causa conocida como Caso Sartor.
La decisión se conoció este martes, tras dos semanas de audiencias de formalización en las que la Fiscalía respaldó su petición de prisión preventiva para cinco exdirectores y ejecutivos ligados al Grupo Sartor: Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
Según lo expuesto en la audiencia, el tribunal también dio por establecidos otros hechos ilícitos investigados, incluidos diversos tipos de estafa, con un perjuicio estimado que supera los $2.200 millones.
Asimismo, se consideró la existencia de administración desleal en relación con Gabriela Negrín, y apropiación indebida en perjuicio de Comercial Sur Chile y Credicorp.
Respecto del presunto delito de contrato simulado, el tribunal no lo tuvo por acreditado en esta etapa.
La audiencia seguirá con el examen del grado de participación que habrían tenido los imputados en los delitos considerados provisionalmente acreditados. Luego, el tribunal evaluará las medidas cautelares y resolverá si procede la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para los cinco acusados.
Controversia por Michael Clark
Uno de los puntos más debatidos fue la situación de Michael Clark y su relación con Azul Azul.
La defensa argumentó que su intervención se limitó a la compra de cuotas de un fondo de inversión que ya controlaba el 63% de la sociedad ligada a la Universidad de Chile, por lo que —a su juicio— no correspondía una OPA.
La Fiscalía defendió la tesis contraria: sostuvo que se trató de una toma de control indirecta que sí exigía una oferta pública de adquisición.
El fiscal Juan Pablo Araya también exhibió antecedentes que, según el Ministerio Público, demostrarían la influencia de Clark en decisiones internas de Azul Azul.
Perjuicio a inversionistas
Otro eje de la discusión fue el posible daño causado a los inversionistas del Grupo Sartor.
Las defensas cuestionaron las imputaciones y pusieron el foco, entre otros puntos, en la actuación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y en el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la decisión inicial de revocar la autorización de Sartor AGF.
Las partes querellantes, en cambio, sostuvieron que el menoscabo patrimonial ocurrió antes de las actuaciones de la CMF y que los imputados ya manejaban información sobre la situación financiera del grupo.
