La reciente detención de un funcionario judicial acusado de entregar información reservada a una banda de narcotráfico reactivó una alerta conocida: el crimen organizado ya no solo disputa territorios, también apunta a infiltrar las instituciones públicas.
En ese contexto, el diputado socialista Daniel Manouchehri alista un proyecto que contempla penas de hasta 15 años de cárcel e inhabilitación de por vida para autoridades y funcionarios que se valgan de su cargo para favorecer a organizaciones criminales.
La propuesta, denominada “Traición institucional” y presentada junto a la senadora Daniella Cicardini, además crea un delito específico para castigar el financiamiento de campañas y partidos con recursos provenientes del narcotráfico u otras actividades ilícitas.
El texto se ingresará en paralelo al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados. Ambos impulsores buscan apoyos antes de su presentación formal, con la idea de construir un respaldo transversal. En principio, ningún sector debiera marginarse.
“Traición institucional”
El diagnóstico detrás de la iniciativa es que las bandas criminales ya no se limitan a controlar barrios: también buscan acceso a datos sensibles y tejer redes de protección dentro del Estado.
“Chile cruzó un umbral. El crimen organizado ya no solo quiere controlar las calles, está penetrando el Estado. Ya hemos conocido decenas de casos de narcotráfico dentro de las instituciones encargadas de nuestra seguridad”, señaló Manouchehri a BioBiochile.
Para abordar este fenómeno, el proyecto modifica el Código Penal incorporando el delito de “colaboración institucional con la criminalidad organizada”, al que sus autores se refieren como “traición institucional”.
La figura aplica a autoridades y empleados públicos que realicen actos destinados a facilitar el funcionamiento de asociaciones delictivas, colaborar con estructuras ligadas al narcotráfico o asegurar la impunidad de sus miembros.
La sanción base será de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre cinco años y un día y 10 años de cárcel, además de multas e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas, sean o no de elección popular.
“La autoridad o funcionario que use su cargo para proteger al narco tendrá cárcel e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos”, enfatizó Manouchehri.
El alcance no se limita a la entrega directa de información. También contempla a quienes, teniendo la obligación legal de prevenir, denunciar, fiscalizar, investigar o impedir estas conductas, omitan deliberadamente hacerlo para favorecer a una organización criminal.
Penas mayores en policías, inteligencia, cárceles y fronteras
La propuesta agrava las penas cuando la colaboración provenga de ámbitos especialmente sensibles.
Este punto se vincula con el caso del funcionario judicial detenido, quien habría advertido a una organización narcotraficante sobre diligencias e interceptaciones antes de su ejecución.
Las sanciones también escalarán si el funcionario solicita, acepta o recibe dinero, beneficios u otras ventajas a cambio de su cooperación.
Detienen a funcionario de tribunal de Santiago acusado de filtrar información a organización criminal
Lunes 24 Agosto, 2026 | 11:40
Dinero del crimen organizado en campañas y partidos
El segundo eje busca frenar la entrada de recursos ilícitos a la política. La moción sanciona a candidatos y equipos de campaña que, con conocimiento de causa, reciban, administren o utilicen dinero, bienes, servicios o beneficios de origen criminal. El castigo también alcanza a quienes transfieran o pongan a disposición de una candidatura dichos recursos.
De aprobarse, se establecería un tipo penal autónomo para el financiamiento político con dinero del crimen organizado.
“Cuando el crimen organizado logra comprar a un funcionario, conseguir información reservada o financiar una campaña, deja de ser solamente un problema policial. Se convierte en una amenaza para la democracia”, advirtió Cicardini.
La senadora remarcó que la meta es impedir que autoridades ligadas a organizaciones criminales permanezcan en el Estado.
“Quien trabaje para el narcotráfico no puede seguir representando ni trabajando para el Estado. Por eso estamos buscando un respaldo transversal, porque frente al crimen organizado el sistema político tiene que actuar unido y sin ninguna contemplación”, afirmó.
Manouchehri sintetizó el espíritu de la propuesta: “Quien usa el poder que le dio la gente para proteger al narco traiciona al pueblo. Y esa traición se debe pagar con cárcel”.
El proyecto será ingresado en ambas cámaras del Congreso, mientras Cicardini y Manouchehri continúan dialogando con parlamentarios de diversos sectores para asegurar apoyos transversales antes de su presentación.
