A casi 12 años de la Ley Emilia: Fundación cuestiona penas por conducir ebrio y causar muertes

La normativa fue promulgada en septiembre de 2014 con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes conducen bajo los efectos del alcohol y provocan accidentes graves. Sin embargo, desde Fundación Emilia advierten que persiste una brecha entre el espíritu de la ley y las condenas que reciben algunos responsables.

El próximo 16 de septiembre se cumplirán 12 años de la entrada en vigencia de la Ley Emilia, normativa que modificó la legislación chilena para establecer sanciones más severas contra quienes conducen en estado de ebriedad y provocan lesiones gravísimas o la muerte de otras personas.

La Ley 20.770, promulgada el 15 de septiembre de 2014, surgió tras el caso de Emilia Silva Figueroa, una niña que falleció luego de que un conductor en estado de ebriedad provocara un accidente de tránsito.

A casi doce años de su implementación, Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, plantea la necesidad de revisar cómo se está aplicando la legislación y, particularmente, qué tipo de sanciones están recibiendo quienes provocan muertes al conducir bajo los efectos del alcohol.

¿Qué establece la Ley Emilia?

Uno de los principales cambios introducidos por la normativa fue establecer un piso de un año de cárcel efectiva para conductores en estado de ebriedad que provoquen lesiones gravísimas o la muerte.

Además, la legislación incorporó como delitos autónomos determinadas conductas posteriores a un accidente, entre ellas la fuga del lugar de los hechos y la negativa injustificada a realizarse las pruebas destinadas a determinar el consumo de alcohol.

Las penas pueden aumentar considerablemente cuando concurren circunstancias agravantes y, en los casos más graves con resultado de muerte, pueden alcanzar hasta 10 años de presidio.

La intención fue generar un efecto disuasivo y evitar que conducir bajo los efectos del alcohol terminara siendo considerado un delito cuyas consecuencias podían cumplirse principalmente en libertad.

Libertad vigilada: el debate sobre las condenas

Sin embargo, uno de los puntos que genera cuestionamientos desde las organizaciones vinculadas a la seguridad vial es la diferencia entre las penas contempladas por la legislación y las sanciones que finalmente deben cumplir algunos condenados.

Entre los casos mencionados se encuentran:

• Macarena Yévenes: tras registrar 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, recibió una condena de 5 años de libertad vigilada.
• Isabella Belmar: fue condenada a 4 años de libertad vigilada luego de conducir en estado de ebriedad y sin licencia.
• Sergio Fica: conductor que provocó un accidente bajo los efectos del alcohol y recibió una pena que se cumple en libertad vigilada.

Para Fundación Emilia, estos casos vuelven a instalar la discusión respecto de si las sanciones efectivamente cumplen el objetivo de prevención y de protección de las víctimas.

Conducir ebrio sigue provocando víctimas

La discusión adquiere especial relevancia en la Región del Biobío, donde durante agosto se han registrado nuevos hechos asociados a conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol.

Uno de ellos ocurrió en Chiguayante, donde un conductor atropelló y dio muerte a un hombre. Posteriormente se difundieron imágenes en las que se observa al chofer con una cerveza a bordo y utilizando un teléfono celular.

Días después, otro accidente volvió a poner el foco en las consecuencias de la conducción bajo los efectos del alcohol. Un conductor ebrio atropelló a tres bomberos que se encontraban atendiendo una emergencia en Chiguayante, dejando a uno de ellos en estado grave.

Doce años después, ¿la ley está cumpliendo su objetivo?

La Ley Emilia significó un cambio importante en la legislación chilena al establecer sanciones específicas para quienes conducen en estado de ebriedad y provocan consecuencias graves.

No obstante, a casi 12 años de su entrada en vigencia, la discusión continúa abierta: ¿las penas que reciben quienes provocan muertes al conducir ebrios son suficientemente efectivas para prevenir nuevos casos?

Desde Fundación Emilia sostienen que la respuesta no pasa únicamente por aumentar las penas, sino también por fortalecer la fiscalización, la prevención y la educación vial.

La conducción bajo los efectos del alcohol continúa siendo un factor de riesgo que puede transformar una decisión individual en una tragedia para familias completas. Por ello, el llamado de las organizaciones dedicadas a la seguridad vial es a no normalizar el consumo de alcohol antes de conducir y a reforzar el principio de que si se bebe, no se conduce.