Juez removido y fallo contra el Poder Judicial por acoso sexual a una jueza: así fue la trama

La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) fue condenada a indemnizar con $30 millones a una magistrada de Rancagua por vulnerar sus derechos fundamentales a la integridad psíquica, la honra y la no discriminación. El fallo laboral concluyó que el organismo no adoptó medidas suficientes para protegerla ante el acoso sexual ejercido por el juez Luis Barría Alarcón, quien además perdió su investidura tras una causa penal paralela en la que fue condenado.

El caso se suma a otros vinculados a Barría. En mayo, la Corte Suprema ratificó una pena de 541 días de presidio, con libertad vigilada intensiva, por abuso sexual propio contra una funcionaria del Juzgado de Garantía de Rancagua.

Ese mismo mes, la Cuarta Sala de la Corte Suprema rechazó a trámite un recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la CAPJ en una causa laboral, cerrando la última vía para revertir el fallo adverso.

Según la sentencia de primera instancia de la jueza Yanira González —confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago y que quedó firme tras la resolución del máximo tribunal—, Barría acosó de manera reiterada a la magistrada desde 2016 y al menos hasta 2018. Aunque la CAPJ sostuvo que adoptó resguardos desde febrero de 2022, el fallo determinó que no cumplió con el acompañamiento indicado por la mutual y que el traslado de Barría fue ineficaz: “Esta sentenciadora considera que las medidas adoptadas no han sido suficientes (…) ni siquiera se acreditó el cumplimiento de los programas a los que se había comprometido”.

Confrontación
La resolución describe que, apenas la jueza ingresó al Juzgado de Garantía de Rancagua, comenzó a sufrir acoso por parte de Barría: miradas y piropos lascivos, acorralamientos, acercamientos físicos, sonidos inapropiados cuando se aproximaba, y comentarios públicos sobre su vestimenta y su cuerpo, dirigidos a ella y a otros funcionarios. Para evitarlo, la magistrada cambió su forma de vestir y revisaba la distribución semanal de funciones para coincidir lo menos posible con él: “no la incomodaría con sus miradas lascivas, acercamientos físicos y comentarios o sonidos inapropiados”.

Tras la recomendación del ministro visitador, lo enfrentó. Si bien disminuyeron ciertos comportamientos, la demanda sostiene que él comenzó a difamarla como profesional y como mujer ante el personal del tribunal. Mientras ella no presentaba quejas formales, en 2020 tres funcionarias denunciaron internamente a Barría por acoso, lo que abrió un sumario. En noviembre, fue destinado transitoriamente al Juzgado de Familia de San Fernando y luego sancionado con suspensión por tres meses con medio sueldo y traslado como relator a la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Denuncia contra la jueza
La magistrada alegó además hostigamiento del círculo cercano de Barría, incluido el administrador del tribunal y funcionarios de su confianza. En 2021, al asumir la presidencia del juzgado, ordenó un sumario contra el administrador y otros por el extravío del expediente de una indagatoria por acoso de 2015. Pese a que el comité de jueces había instruido tres veces abrir ese expediente disciplinario por la desaparición de la carpeta, no se había materializado.

Al regresar de vacaciones en febrero de 2021, fue notificada de denuncias por malos tratos y acoso laboral en su contra presentadas por “dos de los subalternos más cercanos” al administrador. Según el fallo, la jueza detectó que usaron antecedentes fabricados: “El certificado de fecha 11 de noviembre de 2020 (…) y el acta de audiencia de 5 de octubre del mismo año (…) eran falsos, lo que la actora advirtió al escuchar los audios de la audiencia…”.

El clima laboral derivó en una licencia médica en junio de 2021. Su isapre calificó el cuadro como de origen laboral y la derivó a la Asociación Chilena de Seguridad, que en febrero de 2022 remitió a la jefa de RR.HH. zonal de la CAPJ las medidas prescritas.

Incumplimientos
La CAPJ sostuvo que la Corte de Apelaciones de Rancagua recién se enteró del acoso cuando la Corte Suprema pidió un informe en julio de 2022, tras la denuncia de la magistrada por incumplimientos de las medidas de mitigación dictadas por la ACHS, especialmente el traslado de sus agresores, que incluían —según ella— al administrador y funcionarios que la denunciaron. La Corte de Apelaciones indicó no haber participado en la elaboración de las medidas: “Se acordaron un total de seis medidas… documento que aparece firmado por un experto de la ACHS y por la Jefa de la Sección Recursos Humanos de la Zonal Rancagua y del que tampoco fuimos notificados”.

Ese tribunal también informó que el sumario instruido por la jueza contra el administrador por supuestos hostigamientos concluyó con el sobreseimiento propuesto por la fiscal.

Acreditan acoso sexual
La CAPJ intentó excluirse del juicio alegando no ser el empleador de la magistrada, sino un órgano técnico. El tribunal rechazó esa tesis al constatar que mantenía la relación contractual con el empleador directo. El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo acreditó el acoso sexual contra la jueza con su testimonio y el de tres funcionarias que presenciaron los hechos. En cambio, no se tuvo por probado el acoso laboral imputado al administrador y a otros dos funcionarios, al estimar que la evidencia no alcanzaba la entidad necesaria y que existían sumarios por denuncias cruzadas que más bien revelaban problemas en la ejecución de labores.

Para configurar la vulneración de derechos, el empleador debía actuar eficazmente al conocer los hechos, lo que no ocurrió. Aunque Barría fue trasladado, el fallo consideró esa medida insuficiente por tratarse de conductas reiteradas que afectaron también a otras funcionarias: “la medida de traslado resulta ineficaz…”.

Más grave aún, la CAPJ no implementó el programa de apoyo para la reincorporación de la jueza en 2022, alegando que era una prescripción nueva y que requerían capacitación; al momento del juicio, entre 2024 y 2025, ese compromiso seguía sin cumplirse. Además, quedaban sumarios pendientes, incluido el iniciado en 2022 contra Barría y otros funcionarios tras la declaración de enfermedad profesional.

Informan a presidenta de la Corte Suprema
Con estos antecedentes, la demanda fue acogida y se fijó una indemnización de $30 millones. “Como medida de reparación [la CAPJ] deberá requerir la intervención de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Excma. Corte Suprema, a fin de que realice una intervención en el Juzgado de Garantía de Rancagua…”.

La CAPJ fue condenada en costas al resultar totalmente vencida. Tras quedar firme la sentencia el 1 de junio, informó el depósito de $31 millones en la cuenta del tribunal (incluido $1 millón por costas). Además, solicitó la intervención de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y comunicó a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, el contenido del fallo y la urgencia de avanzar en los sumarios.

Por su condena penal por abuso sexual propio —que conlleva inhabilitación para ejercer cargos y oficios públicos mientras dure la pena—, Barría perdió su investidura conforme al artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales. Según el portal del Poder Judicial, su última remuneración bruta correspondió a mayo y fue de $8.446.000.