¿Una reforma diseñada para enfrentar al crimen organizado podría dejar en bandeja a un futuro mandatario la opción de gobernar con rasgos autoritarios?
Esa es la alerta que levantaron los académicos Arturo Fontaine, de la Universidad de Chile, y Javier Couso, de la Universidad Diego Portales, quienes expresaron reparos de fondo a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno e instaron al presidente José Antonio Kast a retirar el proyecto del Congreso.
En una carta publicada en El Mercurio, calificaron la propuesta como “manifiestamente iliberal” y advirtieron que podría facilitar la deriva autoritaria e incluso permitir que un futuro jefe de Estado instaurara una “dictadura constitucional”.
Hoy, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, desestimó las críticas, pidió “seriedad” y defendió que las herramientas apuntan a combatir al crimen organizado con fórmulas ya aplicadas en otros países.
La carta de académicos contra la reforma de seguridad de Kast
Fontaine y Couso comienzan precisando que no ven señales de que Kast busque capturar órganos de control o amordazar a la prensa. Su preocupación, subrayan, es el alcance de las atribuciones que la reforma pondría a disposición del actual y de los próximos presidentes.
A su juicio, el nudo más complejo es el nuevo estado de excepción que el mandatario podría decretar por hasta 240 días sin venia previa del Congreso. Durante ese lapso se permitiría suspender o limitar la libertad personal, de movimiento, reunión y asociación, además de interceptar comunicaciones privadas y requisar bienes.
Según su análisis, la redacción habilita que el Ejecutivo ponga término al estado de excepción antes del vencimiento, aguarde algunas semanas y lo vuelva a instaurar. Con ese margen, un futuro presidente podría pasar buena parte de su periodo con derechos restringidos sin requerir autorización previa del Parlamento.
Advierten, además, que ese instrumento podría terminar aplicándose no solo contra miembros del crimen organizado o células terroristas, sino también contra periodistas, dirigentes sociales o referentes de la oposición.
“Se configuraría así la posibilidad de que mañana un presidente instaurara una ‘dictadura constitucional’”, afirmaron.
También objetan que el Ejecutivo y el Senado puedan definir un registro de organizaciones criminales y terroristas. A su entender, entregar esa calificación a autoridades políticas “desdibuja la separación de poderes” y supone “un paso propio de gobiernos iliberales”.
Sumaron reparos al uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales y a la opción de restringir ciertas prestaciones sociales a condenados por delitos ligados al crimen organizado o terrorismo, incluso tras cumplir 15 años de prisión.
Para ambos, la seguridad se aborda con más dotación policial, mejor formación, tecnología y recursos, no ampliando las prerrogativas presidenciales vía una reforma constitucional.
“Si los cambios al proyecto son cosméticos, la amenaza del autoritarismo legal sigue en pie. Si diluyen el proyecto, no tiene sentido mantenerlo. Si solo se busca dar la sensación de seguridad, ¿no sería demagogia constitucional?”, plantearon.
En esa línea, llamaron directamente a Kast a retirar la iniciativa, “dar vuelta la hoja” e invertir en medidas concretas de seguridad.
Gobierno activa plan B en medio de dura discusión por tinte «autoritario» de la reforma de seguridad
Jueves 27 Agosto, 2026 | 09:00
La respuesta de Arrau: “Llamaría a la seriedad”
Frente a las advertencias de Fontaine y Couso, el ministro Martín Arrau rechazó los epítetos dirigidos al proyecto.
“En primer lugar, yo llamaría a la seriedad, y cuando la gente diga cosas como esa, que diga por qué”, replicó.
Sostuvo que el nuevo estado de excepción apunta a intervenir “barrios, puntos muy locales donde el narco, el crimen organizado se lo ha tomado”. Afirmó que las facultades propuestas ya existen en otros estados de excepción y que el plazo de 240 días es materia abierta.
“Sobre el plazo, totalmente conversable”, dijo.
No obstante, evitó referirse de manera directa al escenario central descrito en la misiva: qué impediría que un próximo gobierno diera por terminado el estado de excepción y lo reimpusiera poco después para prolongar las restricciones de derechos.
El ministro defendió asimismo el registro de organizaciones criminales y terroristas, indicando que hay mecanismos semejantes en Canadá, Estados Unidos, Australia y otros países. Explicó que, en Chile, el listado requeriría informes del Ministerio Público, una propuesta del Ejecutivo y la aprobación de dos tercios del Senado. “De toda la experiencia internacional que hemos revisado, es el más estricto de todos”, aseguró.
Arrau también cuestionó a quienes han criticado la iniciativa, acusándolos de emplear rotulaciones que, a su juicio, no se desprenden del texto.
“Yo no veo dónde ciertos políticos, periodistas, doctores en Derecho, y algunas personas que son más bien opinólogos, sacan epítetos como los que usted dice”, señaló.
Finalmente, afirmó que se instaló una ofensiva contra la reforma sin discutir su contenido con rigor. “Sale una campaña, yo no lo quiero llamar desinformación, pero con epítetos que claramente no se condicen con el texto que hemos presentado”, concluyó.
