El gobierno de José Antonio Kast atraviesa una de sus semanas más difíciles. El Tribunal Constitucional desechó por 9 votos a 1 un requerimiento del Ejecutivo ligado a la Ley de Reconstrucción, dejando al descubierto falencias de coordinación dentro del gabinete. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, admitió públicamente que no estaba al tanto de la presentación, revelando tensiones internas y problemas de comunicación entre figuras clave como Jorge Quiroz y el propio Alvarado.
El eje del conflicto, sin embargo, es la reforma constitucional en seguridad pública, un proyecto que se ingresó sin socializarlo previamente con ministros de Estado, líderes de partidos oficialistas ni parlamentarios del gobierno. La propuesta original incluía la posibilidad de que el Presidente decretara estados de excepción por 240 días sin control del Congreso, además de recortes a derechos fundamentales, lo que generó críticas transversales. En conversación con Tomás Mosciatti, el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, respalda la dirección del proyecto y admite errores de forma que deberán ser corregidos durante su tramitación.
—El Tribunal Constitucional rechazó 9 a 1 el requerimiento del gobierno sobre la Ley de Reconstrucción. ¿Cómo evalúa esta derrota?
No conocemos el detalle del fallo, pero si el requerimiento buscaba centrarse en las ideas matrices, es probable que ese punto haya quedado relegado porque la reforma era de gran amplitud. Eso podría explicar el resultado de 9 a 1.
—El jefe de gabinete, Claudio Alvarado, dijo que no sabía del requerimiento. Que el principal coordinador político lo ignore es gravísimo, ¿no?
No todos en el gabinete vieron la discusión. En el caso del ministro Alvarado, en efecto no estaba informado, pero no hubo una exclusión deliberada: se ingresó y lo firmaron varios ministros. Para quienes han empujado en seis meses avances significativos, tres o cuatro episodios desafortunados no implican que todo esté mal.
La reforma constitucional: errores de forma y coordinación
—La reforma se presentó sin que la vieran la ministra May Chomalí ni los parlamentarios Andrea Balladares, Guillermo Ramírez, Luciano Cruz-Coke y Vanessa Kaiser. Usted conoció el texto definitivo por la prensa. ¿Por qué el secretismo?
Se hicieron rondas con los partidos sobre lineamientos generales, no sobre el texto final. Y en una reforma de esta profundidad, eso fue un error. Hubo exceso de cautela. En iniciativas así, o presentas un borrador para firma o cocreas el texto. Si se intentaba recoger todas las aprensiones en una redacción previa, probablemente no avanzaba. Ese debió ser el razonamiento.
—Se dice que había apuro porque los senadores Miguel Ángel Calisto y Camila Flores enfrentan causas judiciales y podrían ser desaforados. ¿Por eso entró por el Senado?
Es cierto que varios parlamentarios han estado en la palestra por temas judiciales. No sé si se deba a eso en específico, pero sí hay otro factor: ya había una reforma que ingresó por la Cámara para ampliar de cinco a 180 días la retención administrativa de inmigrantes con fines de expulsión. Con las reglas de los 80, cuando ni se hablaba de crimen organizado, sería imposible enfrentar el fenómeno con expectativas reales de éxito.
—¿Sabe quién redactó esta reforma?
No conozco a los autores puntuales. La institución sí: el Ministerio de Seguridad. No voy a discutir con los abogados que tipearon el texto; me interesa quién lo respalda y cuándo: cuatro ministros y el Presidente de la República. Eso es lo sustantivo. Está claro que en su contenido no superó una prueba importante.
—La reforma autoriza al Presidente a declarar estado de excepción por 120 días prorrogables, es decir, 240 días, con suspensión de garantías. ¿Cómo se propone algo así?
Con el senador Longton anticipamos que permitir 120 días y recién a los 240 entrar al control del Congreso no correspondía. Dejar 240 días al criterio de una sola persona era obviamente problemático. Fue un error político. Ya anunciamos el cambio: habrá control desde el día uno y revisión cada 30 días en el Congreso. Eso se acordó el lunes con los ministros, junto con ajustar restricciones en comunicaciones y el registro de organizaciones criminales.
—No encontré constitucionalistas que respaldaran esto, ni siquiera entre los más conservadores.
Estamos en planos distintos. Ellos evalúan la armonía normativa que resultará del trámite legislativo; nosotros, cómo enfrentar al Tren de Aragua. Hay quienes priorizan la tradición constitucional; nosotros, dotar al Estado de herramientas para neutralizar amenazas reales a derechos fundamentales. Frente a la idea de que no se requieren cambios drásticos para combatir al crimen organizado, discrepamos: creemos que sí son necesarios.
Constitucionalista por reforma de seguridad: «Es innecesaria, las constituciones hay que cuidarlas»
Miércoles 19 Agosto, 2026 | 17:19
Seguridad, presupuesto y relaciones internacionales
—El gobierno anterior aprobó cerca de 30 leyes de seguridad. Ahora vienen otras 30. ¿Cuándo se verán resultados?
En efecto, se aprobaron muchas normas. Lo que viene busca perseguir e imponer largas penas por la sola pertenencia a bandas criminales. A mi juicio, los ciudadanos podrían percibir mejoras hacia fin de año aun antes de implementar completamente la reforma constitucional. Y los indicadores de victimización, condenas y delitos violentos son parte del compromiso presidencial para este periodo.
—Boric decía que su programa requería una nueva Constitución. Kast plantea que su agenda depende de una reforma constitucional. ¿Es así?
El Presidente no ha dicho que su programa dependa de esta reforma. Desde la campaña sostuvo que para combatir el crimen organizado se requieren medidas extraordinarias. Dado el sesgo garantista que aún observamos en varias instituciones, si no queda en la Constitución, algunas medidas tomarán más tiempo. No pone en riesgo el programa, sino su velocidad de implementación. El programa puede ejecutarse sin la reforma.
—¿Chile debe someterse a Estados Unidos en aranceles y aceptar una derogación tácita del TLC?
Confío en el trabajo de la Subsecretaría y la Cancillería. Hay una vía diplomática en curso que, creo, dará frutos; y, de no resultar, está la opción de llevarlo a instancias imparciales. Este es un conflicto que Estados Unidos enfrenta con varios países. No es realista responder con medidas espejo inmediatas. Hay que minimizar los sectores afectados. Esperaría los resultados y confío en tener buenas noticias en semanas.
—La relación entre Milei y Kast es fría. ¿Hay un problema?
Los estilos son muy distintos. Las derechas que hoy gobiernan en el Cono Sur no son homogéneas: responden a realidades y necesidades disímiles. Espero que prime lo común y se aprovechen las oportunidades, especialmente en comercio. En lo sensible, la clave es una diplomacia prudente, sin sobrerreacciones ante exabruptos, y a la vez con claridad sobre los canales formales con los vecinos.
—Comienza la tramitación del Presupuesto. ¿En cuánto crecerá el gasto el próximo año?
Será una de las leyes más complejas. El ministro de Hacienda ya advirtió que el gasto estaba sobredimensionado. Estimo que crecerá por sobre la inflación, pero con recortes a programas mal evaluados, parte de lo cual ya se adelantó en el primer trimestre.
—¿El Presupuesto debe incluir financiamiento para TVN?
No tengo claro el alcance del aval estatal vigente para TVN. A estas alturas, el modelo debe cambiar: no corresponde competir con recursos de todos para sostener un “elefante blanco”. Con todo, sería imprudente optar por cerrar TVN. Con menos medios sujetos a la ley de prensa y más gente informándose por fuentes de dudoso rigor, evaluaría con cuidado esa alternativa. Lo indispensable es un modelo sostenible, que es factible si hay voluntad.
