La Moneda encara una nueva prueba de negociación en el Congreso: con 88 urgencias legislativas activas y varios de sus proyectos de seguridad más relevantes atascados, el Gobierno de José Antonio Kast deberá elegir entre flexibilizar su postura para alcanzar acuerdos o exponerse a que el núcleo de su plan contra el crimen quede inmovilizado en el Parlamento.
Desde el próximo lunes, el panorama será especialmente exigente para la táctica legislativa de La Moneda. Con los parlamentarios de vuelta en Valparaíso, el Ejecutivo tendrá que administrar una agenda recargada de sus prioridades, varias de ellas cruzadas por diferencias políticas que amenazan con alargar su tramitación.
Según la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el Ejecutivo registra 88 urgencias vigentes en el Congreso. De ese total, 56 están en el Senado y 32 corresponden a iniciativas radicadas en la Cámara de Diputados.
La magnitud del número instala un particular cuello de botella para el Gobierno, ya que la capacidad de La Moneda para ingresar proyectos parece correr más rápido que la del Congreso para tramitarlos. En ese contexto, ordenar prioridades y abrirse a negociar asoman como claves para que las apuestas legislativas centrales no terminen apilándose en las comisiones.
El nudo de la seguridad en la hoja de ruta del Gobierno
El mayor foco de tensión se concentra en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), donde varias de las iniciativas que el Ejecutivo considera medulares siguen detenidas en etapas que requieren entendimientos entre ambas cámaras.
Tres proyectos lucen particularmente expuestos. Son la regulación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para Fuerzas Armadas y policiales; la facultad de las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructura crítica; y la propuesta que amplía el plazo de flagrancia y otorga más atribuciones y autonomía a las policías.
Las tres iniciativas aguardan definiciones en comisión mixta, instancia que vuelve a erigirse como uno de los nudos principales para la agenda de seguridad del Ejecutivo.
El problema no se agota ahí. Paralelamente, el Senado mantiene en primer trámite constitucional la controvertida Reforma Constitucional de Seguridad Pública, ingresada el 17 de agosto, que incluye un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales y nuevas inhabilidades, y que, pese a los reparos transversales que anticipan un rechazo categórico, el Gobierno se ha negado a retirar.
En segundo trámite constitucional, en tanto, avanzan en la Cámara Alta la llamada Ley Antiencapuchados, la Ley Corta de Seguridad Municipal y la reforma a la responsabilidad penal adolescente. A ellas se suman iniciativas que siguen su revisión en comisiones, entre ellas las relativas a estados de excepción y control de identidad, la legítima defensa privilegiada para policías de franco y los juicios en ausencia.
La Cámara de Diputados también tiene en discusión una de las propuestas sensibles para el Ejecutivo, que es el proyecto que pretende extender a 180 días el plazo de detención de personas migrantes.
Así, mientras La Moneda busca instalar la seguridad como uno de los sellos de su gestión, buena parte de las herramientas legislativas para concretar esa agenda sigue dependiendo de acuerdos políticos que el Gobierno aún debe tejer.
La otra batalla: demostrar productividad
El atasco legislativo convive, paradójicamente, con la necesidad política de La Moneda de exhibir que su administración avanza a un ritmo mayor que la anterior.
La Segpres subraya ese contraste. Al corte del 25 de agosto, correspondiente a la semana 23 de gobierno, la administración de Kast había ingresado 42 mensajes presidenciales, frente a los 25 que presentó el gobierno de Gabriel Boric en igual lapso.
En cuanto a leyes promulgadas, el Ejecutivo contabiliza 13 iniciativas propias convertidas en ley, versus las 11 que había conseguido la administración precedente a la misma fecha. Si se incorporan mociones y mensajes heredados que el actual Gobierno impulsó, el total despachado a ley llega a 42.
A ello se agregan 38 indicaciones presentadas por el Ejecutivo a distintos proyectos en curso.
El balance permite a La Moneda reforzar una tesis que intenta instalar desde el inicio, que existe una mayor capacidad de producción legislativa respecto del gobierno anterior.
Entre las 13 leyes de iniciativa propia ya aprobadas figuran la megarreforma para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico; la autorización de mayor endeudamiento del Gobierno Central para 2026; la ley de protección tarifaria eléctrica; el reajuste del ingreso mínimo mensual y sus asignaciones; cambios a la Ley de Seguridad Privada; y medidas transitorias destinadas a contener el precio del kerosene doméstico, en medio del fuerte alza de los combustibles.
No obstante, es justamente la brecha entre lo que La Moneda presenta y lo que el Congreso efectivamente despacha la que anticipa el desafío político de las próximas semanas.
Con el retorno de la actividad legislativa, el debate dejará de centrarse solo en cuántos proyectos ingresa La Moneda y pasará a enfocarse en cuáles está dispuesta a priorizar, cuánto está dispuesta a transar y qué iniciativas puede concretar.
Para el Ejecutivo, el riesgo es que la acumulación de urgencias termine siendo algo más que un problema administrativo para su agenda, y que el “cuello de botella” legislativo pase a condicionar su principal promesa política: avanzar con rapidez en seguridad.
