En enero de 2025, Víctor Provoste Torres, ex subdirector operativo de Gendarmería, concedió una entrevista a Radio Bío Bío en la que cuestionó la gestión del entonces director y sostuvo que su salida obedeció, en gran medida, a la falta de imparcialidad en los sumarios administrativos y a la ausencia de medidas para corregirla. La conversación en Radio Bío Bío fue particularmente crítica con el funcionamiento interno del sistema de investigación disciplinaria.
Hasta noviembre de 2024, los sumarios abiertos ascendían a 3.869, con uno sin resolución desde 2012, pese a que el trámite no debería prolongarse más de seis meses. La situación generó reproches desde distintos sectores y exigencias al Ministerio de Justicia, que aseguró estar acelerando cierres. No obstante, Gendarmería informó a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que, lejos de disminuir, la cifra siguió en ascenso.
Para julio de 2026, el total llegó a 5.393 procesos en curso, un 39,4% más que en 2024, en una dotación cercana a 20.000 funcionarios, lo que equivale a casi un 27% del personal bajo investigación. Los expedientes más antiguos datan de 2020. En paralelo, desde ese año se han cerrado 6.166 causas. Un dato especialmente inquietante: de 431 indagatorias por hechos con carácter delictual, 365 no registran sanciones, lo que abre la posibilidad de delitos cometidos por funcionarios en recintos penitenciarios sin consecuencias disciplinarias.
Especialistas consultados apuntan a dos factores que explican la duración excesiva de los procedimientos. Por un lado, falta de diligencia de los fiscales y controles internos débiles. Por otro, un uso instrumental y abusivo del sumario como mecanismo para amedrentar o presionar a funcionarios, tal como han planteado distintas fuentes y el propio Provoste, desvirtuando una herramienta pensada para abordar irregularidades.
En octubre de 2025, Rubén Pérez Riquelme asumió la dirección de Gendarmería con un énfasis en combatir la corrupción. En febrero de este año, en diálogo con Radio ADN, reconoció el alza de los sumarios, aunque lo atribuyó a una mayor detección de prácticas irregulares dentro de las cárceles.
Los sumarios a 2026
La normativa establece etapas y plazos acotados para estos procedimientos. El fiscal cuenta con hasta 60 días hábiles para investigar y, tras ello, puede proponer sobreseimiento o formular cargos. Luego, el inculpado puede presentar descargos y pedir pruebas. Concluida esa fase, el fiscal eleva su dictamen al jefe de servicio, quien resuelve, modifica sanciones o ordena nuevas diligencias. Según la Ley N°19.880, el proceso administrativo completo no debería superar los seis meses, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
En la práctica, esos límites rara vez se respetan. En Gendarmería, más de 4.400 sumarios ya rebasaron el plazo máximo. De esos casos “vencidos”, casi un 43% permanece en indagatoria: 116 iniciados en 2020, 139 en 2021, 148 en 2022, 201 en 2023, 339 en 2024, 947 en 2025 y 18 más desde enero de este año. La segunda fase con mayor acumulación es la resolutoria: 1.466 expedientes esperan la decisión del jefe de servicio.
La mayoría de los inicios se explica por “irregularidades administrativas”, un paraguas amplio para faltas menos graves. Sin embargo, desde enero de 2020 resaltan causas por agresiones (358), “fugas, motín o incendio” (94) y hechos de carácter delictual (431), muchas veces ligados a contrabando y tráfico dentro de los penales. Varias de estas investigaciones llevan años y, en gran parte, no han derivado en medidas disciplinarias, lo que permite que funcionarios continúen en sus puestos mientras son indagados por presuntos delitos.
Del total de más de 5.000 procesos en curso, un 78% no registra sanción aún. Entre los que están en su tramo final, en más de 350 se propone el sobreseimiento —algunos por prescripción— y en más de 150, multa. La sanción más severa, la destitución, aparece en 302 expedientes pendientes. Contando también los casos concluidos, las destituciones originadas en sumarios abiertos entre 2020 y 2026 suman 523.
Territorialmente, la mayor concentración de expedientes se da en la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso, La Araucanía y Maule. Por unidades, lidera la Dirección Nacional y, luego, las cárceles de Valparaíso, Arica y Santiago 1.
¿Corrupción?
El sumario administrativo busca esclarecer hechos irregulares y determinar responsabilidades. Sin embargo, fuentes internas señalan que en Gendarmería también se utilizaría para coaccionar a funcionarios, con procesos que pueden reducir remuneraciones, implicar suspensiones prolongadas o terminar en destituciones. Denuncian, además, presiones sobre los fiscales y designaciones dirigidas para obtener ciertos desenlaces.
Funcionarios suspendidos sostienen que disputas internas y rivalidades gremiales pesan más que las faltas en sí, especialmente cuando se trata de personal con influencia. Dejar que los expedientes se eternicen sería un modo de ejercer control. No es casual que una de las principales causales de apertura sea la formulación de denuncias por parte de otros funcionarios.
Cuando no hay una base sólida, estos procesos suelen acabar en sobreseimiento, pero ese cierre puede tardar años y acarrear medidas interinas. De los 6.167 sumarios concluidos abiertos entre enero de 2020 y julio de 2026, cerca de 3.000 terminaron sobreseídos, un dato que refuerza esa hipótesis. El fenómeno, con todo, no sería exclusivo de Gendarmería: en otras reparticiones públicas también se ha denunciado el uso del sumario como herramienta de persecución, un problema aún sin solución a nivel nacional.
Consultada por Radio Bío Bío, Gendarmería declinó responder preguntas específicas y señaló que, por la naturaleza del asunto, cualquier requerimiento debe ingresar por el Portal de Transparencia, el mismo canal mediante el cual se obtuvieron los datos.
