Tras el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023 dejó un reverso complejo: juicios laborales, acciones legales de proveedores e incluso una denuncia al Ministerio Público por irregularidades en el manejo financiero.
A ese escenario se sumó un nuevo episodio: un oficio desfavorable enviado desde la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Ñuñoa a la dirección del Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND).
En un documento de dos páginas, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Ñuñoa fijó un hito clave para el Instituto Nacional de Deportes (IND): el 20 de octubre próximo. Si a esa fecha los recintos construidos para Santiago 2023 no cuentan con sus recepciones definitivas, los permisos de edificación se considerarán vencidos y deberán gestionarse otra vez, lo que podría implicar desembolsos millonarios.
La advertencia abarca ocho proyectos deportivos levantados y utilizados durante los Panamericanos y Parapanamericanos que, casi tres años después, aún no tienen recepción municipal. Esto podría poner en riesgo su operatividad: por regla general, la ley prohíbe usar una obra antes de su recepción, y la nueva habilitación provisoria pedida por el IND sigue sin ser aprobada.
Entre los espacios involucrados figuran: centros de entrenamiento paralímpico, de hockey césped, de deportes de contacto, de deportes acuáticos, de tenis y de deportes de raqueta, de deportes colectivos urbanos y de atletismo, además del Parque Deportivo Estadio Nacional.
Pese a ello, la cartelera oficial del Parque Estadio Nacional mantiene agendado para el 22 de octubre —dos días después del plazo fijado por la DOM— un Campeonato Sudamericano de Taekwondo en el Centro de Deportes de Contacto, al que se proyecta la asistencia de más de 1.200 personas.
Quienes conocen el caso señalan que la salida no es sencilla, pues la obtención de la recepción definitiva está supeditada a múltiples obras y trámites complementarios que aún se encuentran en distintas fases de diseño y ejecución. Entre ellos se cuentan el ensanche de veredas exteriores, la construcción de ciclovías, la mejora de accesos al Estadio, la reposición de pavimentos, entre otros.
Según un oficio remitido el 7 de abril por el IND a la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados y Diputadas, la finalización de obras exteriores, cesiones y medidas de mitigación del Parque Deportivo Estadio Nacional se proyectaba para 2028.
Para Santiago 2023, el IND pudo ocupar anticipadamente las instalaciones mediante una autorización de uso temporal, pese a carecer de recepción definitiva, quedando desde entonces los trabajos detenidos. La normativa establece que, tras tres años de paralización, el permiso de edificación caduca de manera automática, plazo que vence en octubre.
Uno de los aspectos más delicados es que, si los permisos expiran, varios proyectos que en su día obtuvieron aprobación hoy no la lograrían por cambios normativos, lo que podría traducirse en una pérdida millonaria de recursos estatales.
En fechas recientes, el IND solicitó una nueva habilitación transitoria. Sin embargo, la DOM rechazó aprobarla con la documentación presentada, señalando la falta de antecedentes técnicos suficientes —como informes de los profesionales responsables— para certificar que los recintos pueden utilizarse con seguridad mientras no cuenten con recepción definitiva.
En el mismo oficio, la DOM de Ñuñoa fue más allá y recordó al IND que, además de la infraestructura levantada para Santiago 2023, existen otras edificaciones previas a los Juegos sin recepción definitiva, advirtiendo que el IND no ha abordado esa situación.
La indagación de Contraloría
La investigación encabezada por Dorothy Pérez determinó que los problemas en la rendición de los recursos de Santiago 2023 se conocían mucho antes de que estallara la polémica. La autoridad había alertado ante la Cámara de Diputadas y Diputados que persistían elevados montos sin justificar: algunos aún dentro de sus plazos de rendición y otros con atrasos que ya superaban ampliamente los vencimientos.
Las anomalías fueron objetadas por la Contraloría General de la República y los antecedentes se remitieron al Consejo de Defensa del Estado. La advertencia generó una encendida reacción de Harold Mayne-Nicholls, entonces director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, quien logró que el Senado convocara a la propia Pérez, al director del Instituto Nacional de Deportes y a él mismo a una sesión descrita como especialmente tensa.
Durante esa sesión, Mayne-Nicholls leyó una carta en la que acusó que las advertencias estaban perjudicando “irresponsablemente” la imagen de los Panamericanos y Parapanamericanos y, con ello, la reputación internacional de Chile. No obstante, las fiscalizaciones posteriores confirmaron que las alertas tenían fundamento.
El Informe Final N.º 249 de Contraloría consignó que el IND transfirió más de $302 mil millones a la Corporación Santiago 2023. Al 31 de enero de 2024, se registraban más de $245 mil millones en gastos sin aclarar o rendir, aunque una parte relevante seguía dentro de plazo. Además, de los $90 mil millones ya rendidos, $32.817 millones, un 36,43%, continuaban observados. Auditorías y controles posteriores insistieron en lo mismo: Contraloría venía alertando desde hacía tiempo, reiteradamente, sobre fondos sin respaldo, rendiciones objetadas y una supervisión insuficiente por parte del IND.
