El exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), analizó el panorama de la oposición frente al gobierno de José Antonio Kast y defendió la conveniencia de avanzar hacia una mayor convergencia del mundo progresista, aun cuando admite que hay discrepancias entre sus distintos sectores.
En esa línea, sostiene que una eventual coalición mayoritaria no puede limitarse a juntar partidos, sino que debe articular un proyecto de país con foco en la democracia, los derechos sociales, el crecimiento económico y la disminución de las desigualdades.
En conversación con BBCL, uno de sus principales reparos apunta a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo. El exjefe de Interior califica la propuesta como “mala” y, tomando como ejemplo el Estado de Excepción, afirma que es la “primera muestra explícita” de una vocación “iliberal” por parte de la administración Kast.
Además, cuestiona el nivel de preparación con que La Moneda habría enfrentado la agenda de seguridad y acusa cierto grado de improvisación. En paralelo, se refiere a la interna del Partido Socialista y descarta competir por la presidencia de la colectividad.
Álvaro Elizalde (PS) y la apuesta por una oposición unida
—¿La izquierda está ejerciendo realmente oposición a la administración Kast o, a cinco meses del inicio del gobierno, todavía intenta ordenarse? ¿Cuál es su balance?
La oposición es heterogénea, hay matices y diferencias, pero también coincidencias. En ese marco, estimo que se han alcanzado grados relevantes de unidad, sobre todo porque las iniciativas del gobierno están lejos de responder a las necesidades reales del país. La reforma tributaria del ministro (Jorge) Quiroz, presentada como Plan de Reconstrucción, pero que en realidad busca traspasar recursos a los sectores más acomodados en desmedro de políticas sociales para clases medias y grupos vulnerables, fue rechazada por prácticamente toda la oposición. Respecto de la reforma constitucional de seguridad, las críticas han traspasado al progresismo; incluso sectores que respaldan al gobierno han sido muy duros con esta mala iniciativa. Los esfuerzos deben orientarse a seguir construyendo la mayor unidad posible, entendiendo que existe diversidad y matices propios de un sector que promueve la democracia y, por ende, las múltiples expresiones presentes en la sociedad chilena.
—De cara al escenario actual, ¿qué debería hacer la oposición para que en cuatro años Kast no tenga a una fuerza de derecha como principal opción de continuidad?
Sin duda hay que trabajar por la unidad, pero una coalición con vocación de mayoría no se forja sumando siglas; además se requiere delinear un proyecto de país sustentado en los principios y valores que compartimos. Un programa progresista para Chile debiera: primero, sostener un compromiso irrestricto con la democracia y, por tanto, tomar distancia de experiencias con derivas autoritarias en el mundo. Segundo, asentarse en la promoción de los derechos humanos, abarcando no solo libertades civiles y políticas, sino también derechos sociales. Tercero, tener una clara vocación transformadora, con políticas públicas que enfrenten decididamente las desigualdades para construir mayor cohesión social. Y cuarto, comprender el funcionamiento de la economía moderna y el impacto que tendrán, por ejemplo, la inteligencia artificial y la robótica en el empleo. Desde esa óptica, generar condiciones para que la economía chilena sea competitiva en un mundo global, promover la inversión y el crecimiento, y así contar con políticas redistributivas que permitan avanzar hacia mayor justicia social.
—En ese proyecto progresista con esas características, ¿entorpece la a veces controvertida relación del Partido Comunista con Cuba?
Es parte del debate que debe darse dentro del progresismo. Hay otros temas, por cierto, pero si uno observa la postura explícita de la mayoría de sus actores, lo que hay es una posición consistente comprometida con la promoción de los derechos humanos y la democracia en todas partes.
—El expresidente Gabriel Boric ha dicho que no comparte la idea de que la izquierda deba moderarse para conquistar al centro, señalando que “esa idea no lleva a ninguna parte”. ¿Coincide con esa mirada o cree que la izquierda, en particular el PS, necesita moderar algunas posiciones para reconectar con un electorado más amplio?
Haría una distinción. Lo que la sociedad chilena demanda son definiciones, y en ese sentido debemos tener una propuesta clara y nítida sobre lo que representamos y proponemos para el país. Desde esa perspectiva, concuerdo con lo planteado por el expresidente Boric, sin que ello impida reconocer que existen matices y diversidades dentro del progresismo; la mayoría se construye precisamente a partir de la convergencia que surge al reconocer esa diversidad.
—En una entrevista con este medio, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, expresó su anhelo de una gran coalición desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. ¿Cuál es su postura? (…) ¿Se ha discutido esto en la interna del PS?
Sí, estoy plenamente de acuerdo. Eso no impide que, al levantar una coalición con vocación mayoritaria, debamos debatir y procesar las legítimas diferencias entre los diversos actores del progresismo. Me parece esencial una unidad sin exclusiones de quienes estén comprometidos con los cambios que Chile requiere.
Una reforma de seguridad “iliberal”
—Ha cuestionado la reforma de seguridad del Ejecutivo y ha dicho que, de ser senador, votaría en contra de la idea de legislar. ¿No rescata ningún elemento?
Es una mala reforma. Por un lado, es redundante, pues incluye normas innecesarias dentro del marco constitucional vigente. Existe una opinión ampliamente compartida en el mundo académico de que la Constitución ya impone al Estado el deber de proteger la seguridad de las personas. Y donde innova, incorpora propuestas calificadas como iliberales; es decir, que van vaciando de contenido la democracia y vulneran los contrapesos y límites propios de un sistema verdaderamente democrático. El Estado de Excepción que propone carece de controles parlamentarios periódicos, puede extenderse hasta 240 días antes de requerir la ratificación del Congreso y, además, permite no solo restringir, sino suspender derechos y libertades consagrados en la Constitución. Un instrumento así podría usarse de manera indebida, considerando que se trata de una norma de carácter permanente. Sin duda, constituye la primera señal explícita de una vocación iliberal del gobierno del presidente Kast.
—¿A qué atribuye que el gobierno haya presentado un Estado de Excepción con rasgos tan controvertidos, al punto de generar reparos incluso en sectores de derecha, como los de Johannes Kaiser?
Es evidente que el gobierno, el 11 de marzo, no contaba con una propuesta para enfrentar los desafíos en seguridad. Llama la atención, considerando que el presidente Kast participó en tres campañas presidenciales en las que hizo de la seguridad un eje central. Sin embargo, como reconoció la exministra (Trinidad) Steiner, no tenían una propuesta específica y concreta para implementar. Tras el cambio de gabinete, el ministro (Martín) Arrau debió, con cierto grado de improvisación, presentar una iniciativa y creo que el gobierno optó por lo que era más rentable y efectista desde lo comunicacional, pero no lo más eficaz para combatir la delincuencia. Así introdujeron esta mala reforma constitucional, ampliamente cuestionada en forma transversal.
—¿Echó de menos incorporar el levantamiento del secreto bancario en esta propuesta?
Considero que no se pone el énfasis adecuado en seguir la ruta del dinero ilícito para identificar a los beneficiarios finales de las redes delictuales y del crimen organizado que operan en el país y que muchas veces están a miles de kilómetros. Si queremos ser efectivos contra el delito, no basta con detener y sancionar a quienes ejecutan los ilícitos a nivel territorial; hay que ir tras los cabecillas, porque de lo contrario reemplazan una y otra vez a los autores materiales en distintas zonas de Chile y el problema no se resuelve. Además de asegurar castigos efectivos para quienes delinquen en nuestro país, se requieren herramientas que permitan detectar y desarticular la logística económica que sostiene a estas organizaciones criminales.
—¿La respuesta del gobierno ante las declaraciones provenientes de Argentina sobre la soberanía de Magallanes fue lo suficientemente firme o esperaba una reacción más contundente?
Creo que el Gobierno de Chile fue claro respecto de la postura de nuestro país y es muy importante insistir en el respeto permanente de los tratados. Chile respeta el derecho internacional, cumple su palabra y siempre ha promovido el acatamiento de los tratados, particularmente los vigentes con Argentina.
—El senador Rodolfo Carter planteó considerar a las Fuerzas Armadas en el marco de la controversia con Argentina. Desde su experiencia como exministro del Interior, ¿cómo evalúa esa idea? ¿Cree necesario abrir esa discusión o mantener estos temas por la vía diplomática e institucional?
Algunos parlamentarios tienden a recurrir a frases grandilocuentes para captar atención y aplausos fáciles, pero en esta materia corresponde actuar a través de los canales diplomáticos. La diplomacia es, por definición, la primera herramienta del país para defender sus intereses y puntos de vista; por lo tanto, escalar la controversia con una mirada militar me parece inadecuado en esta etapa.
La interna del Partido Socialista y la casa del presidente Salvador Allende
—¿Qué opinión le merece la decisión de Fidel Espinoza de renunciar a la bancada de senadores del PS y, especialmente, el mensaje con que lo hizo? ¿Cuán fragmentada queda la interna socialista tras este episodio y las diferencias acumuladas?
Espero que el Partido Socialista tenga la capacidad de resolver sus asuntos a través de los órganos regulares correspondientes. Son tareas que, en definitiva, competen a la mesa directiva.
—¿Y cómo evalúa la gestión de la actual mesa directiva?
No me corresponde emitir un juicio de ese tipo. Lo que he señalado, a propósito de la elección interna que será en abril, es que corresponde apoyar a quienes resulten electos como integrantes de la directiva.
—¿Se ve participando en una lista?
He dicho que no está en mis planes postular a la presidencia del Partido Socialista.
—Usted ha defendido reiteradamente la importancia de resguardar la memoria histórica. Por eso, más allá del legítimo derecho de la familia Allende a disponer de sus bienes, ¿qué reflexión le merece que una casa vinculada a Salvador Allende, con toda su carga simbólica, termine en una operación privada para convertirse en oficinas?
Primero, creo que la familia Allende fue objeto de críticas injustas. En torno a la compra de la casa del presidente Salvador Allende se levantaron cuestionamientos, por ejemplo, sobre su precio. Pero el Estado de Chile la iba a adquirir por debajo del valor de mercado. La familia Allende no es una familia de grandes recursos y ha tomado esta decisión porque se ha caracterizado siempre por una vida de probidad y honestidad a toda prueba. A mi juicio, como política pública, habría sido positivo que no solo la casa del presidente Salvador Allende, sino también la del presidente Patricio Aylwin y otros exmandatarios destacados, fueran casas museo vinculadas a la memoria y al patrimonio histórico del país. Lamentablemente, eso no prosperó por razones de público conocimiento. Y ha quedado claro, a partir del contrato difundido, que la familia Allende no estaba haciendo un negocio, sino que estaba legítimamente poniendo a disposición la propiedad conforme a su precio, entendiendo que para una familia que no es de grandes recursos se trata de un patrimonio relevante.
Quiero subrayar además que la familia Allende decidió que parte del mobiliario que hoy se encuentra en el inmueble y que tiene especial valor histórico sea resguardado, preservado y puesto a disposición de la ciudadanía, para que pueda ser exhibido y conocido por las nuevas generaciones como parte de la historia del presidente Allende y de nuestro país. Por tanto, aunque el inmueble será adquirido por un privado, el mobiliario con relevancia histórica será aportado por la familia para su exhibición y conocimiento público.
