Más de cincuenta años después de que Bernarda Vera Contardo fuera considerada víctima de desaparición forzada durante la dictadura, su caso alcanzó un desenlace definitivo. La Subsecretaría de Derechos Humanos dispuso su eliminación del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, tras acreditarse mediante una sentencia firme que está con vida en Argentina.
La resolución, difundida este jueves 10 de septiembre en el Diario Oficial, no solo formaliza su salida del registro. El texto además expone parte de lo concluido por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre en la causa que se mantenía reservada: Bernarda Vera vive, no fue secuestrada ni murió a raíz de un ataque de terceros.
Con ello, queda zanjada en forma definitiva su condición jurídica de persona ausente por desaparición forzada, luego de más de medio siglo de dudas sobre su paradero.
La resolución que pone fin al caso de Bernarda Vera
Bernarda Rosalba Vera Contardo, docente y militante del MIR, apareció durante décadas entre las víctimas de desaparición forzada reconocidas por el Estado.
Incluso en mayo pasado fue incorporada al nuevo Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, creado por la Ley 21.775. Su inclusión se produjo como víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Comisión Rettig.
No obstante, reportajes que sugerían que Vera había sobrevivido y estaba en Argentina motivaron diligencias judiciales dirigidas por el ministro Álvaro Mesa.
El 27 de julio, el magistrado informó a la familia el resultado de un análisis genético del Servicio Médico Legal, que confrontó el perfil de la mujer hallada en Argentina con muestras de parientes conservadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos.
El resultado arrojó una probabilidad de identificación superior al 99,9999%.
Dos días más tarde, el 29 de julio, el ministro Mesa dictó la resolución. En ella fijó tres puntos. Primero, que Bernarda Vera “se encuentra con vida y residiendo en la República de Argentina” y que “no fue secuestrada, ni tampoco falleció producto del ataque de terceros”.
Segundo, determinó el vínculo filial entre Bernarda Vera y su hija. Y, en tercer lugar, ordenó informar los antecedentes a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y del Trabajo y Previsión Social, además del Registro Civil, para que evalúen dentro de sus competencias los actos administrativos pertinentes respecto del beneficio otorgado a su hija.
El 20 de agosto, Mesa envió a la Subsecretaría de Derechos Humanos la certificación de ejecutoria de dicha resolución.
Que, habiéndose establecido judicialmente que doña Bernarda Rosalba Vera Contardo está con vida, no concurre en su caso el supuesto de hecho del artículo 1º de la ley Nº21.775 para sostener su calificación jurídica como persona ausente por desaparición forzada.
Eliminan oficialmente a Bernarda Vera del registro de desaparecidos
Ese último trámite judicial permitió efectuar el ajuste administrativo. La Subsecretaría de Derechos Humanos concluyó que, al estar acreditado por la justicia que Bernarda Vera vive, ya no se satisface el requisito legal para conservarla como persona ausente por desaparición forzada.
En consecuencia, ordenó anular su inscripción en el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada y comunicar la medida al Registro Civil para que ejecute la eliminación. La resolución se publicó este jueves en el Diario Oficial y deberá además incorporarse al Portal de Transparencia Activa de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El desenlace contrasta con el relato que por décadas se sostuvo sobre Vera. Maestra de educación básica y militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, tenía 27 años cuando desapareció en octubre de 1973.
La versión que terminó imponiéndose indicaba que había sido detenida y ejecutada junto a otros prisioneros en la zona del río Toltén. Su nombre fue incluido en el Informe Rettig y por más de cincuenta años su familia ignoró su paradero.
Pero antecedentes que emergieron después empezaron a perfilar otra narrativa: Vera habría logrado huir, salió de Chile y se radicó en el extranjero.
En 2025, trabajos periodísticos identificaron en Argentina a una mujer que podría ser Bernarda Vera. Ese hallazgo impulsó nuevas diligencias y la investigación reservada del ministro Mesa.
La última duda por aclarar era su identidad. El examen de ADN la despejó y ahora la sentencia ejecutoriada y la cancelación de su registro cierran institucionalmente el caso.
El debate que surge del caso
El cierre del expediente, sin embargo, abrió un debate que trasciende a Bernarda Vera. Desde algunos sectores se han planteado dudas sobre las reparaciones estatales, posibles responsabilidades de autoridades y el desempeño de las instituciones encargadas de esclarecer el destino de las víctimas.
Hubo quienes solicitaron la intervención del Consejo de Defensa del Estado para recuperar recursos entregados a la familia. El propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó que el Estado puede exigir la devolución de pagos que carezcan de causa justificante.
Pero existe una interpretación distinta: lejos de evidenciar un fracaso del Plan Nacional de Búsqueda, el hallazgo de Bernarda Vera remarcaría justamente la relevancia de investigar hasta establecer el destino final de cada víctima.
Pascale Bonnefoy, periodista especializada en derechos humanos que integró el Plan Nacional de Búsqueda entre marzo de 2024 y enero de 2026, ha sostenido esa postura. “El caso de Bernarda Vera es un éxito del Plan Nacional de Búsqueda, porque efectivamente fue una búsqueda y con resultados de destino final”, sostuvo.
Bonnefoy también ha llamado a no extrapolar este episodio a todo el universo de víctimas: “Aquí no hubo un engaño y es un caso muy excepcional”.
El caso particular de Bernarda Vera entra en su tramo final, pero la historia de la desaparición forzada en Chile está lejos de concluir. Son más de mil personas calificadas cuyo destino sigue siendo desconocido, y cuyas familias continúan, más de cinco décadas después del golpe de Estado, en busca de respuestas.
