El Gobierno presentó un conjunto de indicaciones al proyecto que establece el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, alterando de forma significativa el sistema de sanciones previsto en la versión inicial.
En particular, las enmiendas —ingresadas mediante las indicaciones N° 144-374 del 20 de agosto de 2026 y descritas en el Informe Financiero Complementario de la Dipres— remueven las trabas para optar a subsidios habitacionales y la sanción de perder la Pensión Garantizada Universal (PGU).
A la vez, las nuevas reglas restringen el alcance de la pérdida de la gratuidad universitaria y amplían el margen de discrecionalidad de los jueces.
Dos listados para distinguir las conductas
Uno de los cambios de fondo es dividir la nómina original en dos herramientas separadas: el Registro Nacional de Actos Vandálicos y el Registro Nacional de Incivilidades.
En ambos supuestos, la incorporación exigirá una sentencia firme y ejecutoriada o que sea impuesta como condición dentro de una suspensión condicional del procedimiento. Esta separación es clave, pues las consecuencias jurídicas variarán según el registro en el que figure la persona.
Sin subsidios habitacionales ni PGU como sanción
En materia de beneficios sociales, el informe confirmatorio de la Dipres detalla que quedaron eliminadas de forma definitiva las restricciones para postular a subsidios de vivienda.
De igual modo, se dejó sin efecto la sanción que implicaba la pérdida de la PGU. Así, ambas disposiciones quedan completamente excluidas del conjunto de medidas derivadas de la inscripción en cualquiera de los registros.
Gratuidad: no se elimina, pero se limita
En cambio, el tratamiento difiere en educación superior. Aunque el Ejecutivo propone eximir de la pérdida de la gratuidad a quienes ingresen al Registro Nacional de Incivilidades, la sanción se mantiene para quienes queden en el Registro de Actos Vandálicos.
No obstante, dicha consecuencia se circunscribirá solo a un listado más acotado de delitos.
En línea con lo anterior, el proyecto acota los ilícitos que conducen al ingreso a este registro. En consecuencia, se excluyen conductas como agresiones a fiscales, defensores públicos, funcionarios de salud, manipuladores de alimentos de establecimientos escolares y carabineros. Asimismo, se eliminan las menciones al tráfico o microtráfico de drogas y a la intervención en casas de juego.
Mayor discrecionalidad para los tribunales
Además, en vez de imponer un paquete de sanciones automático para todos los condenados, las indicaciones permiten al tribunal seleccionar una o varias medidas caso a caso, considerando la gravedad del hecho y sus circunstancias.
Asimismo, la persona sancionada podrá pedir quedar exenta de una medida si acredita que esta le impide o dificulta seriamente ejercer su actividad laboral indispensable.
Para las incivilidades, se incorpora la posibilidad de sustituir condicionalmente la inscripción por trabajos en beneficio de la comunidad, equivalentes a cuatro horas por cada UTM de multa, con un mínimo de ocho horas.
Estas labores se podrán realizar en la municipalidad correspondiente o en entidades sin fines de lucro. Sin embargo, la alternativa no aplicará a reincidentes y se revocará si se aportan antecedentes falsos o no se cumplen las horas comprometidas.
Ruidos molestos y ajustes normativos
Por otro lado, la propuesta suma como incivilidad la generación de ruidos molestos desde viviendas o condominios durante horas de descanso. Para inmuebles fuera del régimen de copropiedad, se establecen multas de 1 a 5 UTM cuando superen los límites ambientales.
En contraste, se eliminó del listado la organización de loterías no autorizadas.
Finalmente, las indicaciones redefinen los plazos de permanencia en las nóminas, estableciendo que la inscripción por actos vandálicos podrá extenderse entre uno y cinco años para adultos, mientras que para menores de edad el periodo se acotará entre seis meses y dos años.
En tanto, en el Registro de Incivilidades, la permanencia solo fluctuará entre seis meses y un año, atenuándose además el aumento por reincidencia. Por último, el informe presupuestario sostiene que todos estos cambios son estrictamente normativos y no implicarán un mayor gasto fiscal respecto de la propuesta anterior.
