En España ha provocado polémica la resolución del Tribunal Supremo de frenar el derecho al sufragio de quienes obtuvieron la ciudadanía de ese país mediante la Ley de Memoria Democrática, popularmente llamada Ley de Nietos.
Esta norma, aprobada en noviembre de 2022, habilitaba a hijos y nietos de españoles que abandonaron el país por la Guerra Civil o la dictadura franquista a acceder a la nacionalidad, aun cuando hubieran nacido en el extranjero.
De acuerdo a la BBC, la medida ha favorecido a miles de personas durante los últimos tres años, principalmente en países de América Latina.
En su fallo, el Supremo español sostuvo que la inscripción automática constituye “un riesgo cierto, real y grave de comprometer de forma significativa la objetividad y transparencia del proceso electoral”.
“Genera un perjuicio irreparable para su limpieza y corrección, puesto que incide directamente en un elemento esencial del Estado de Derecho: la expresión de la voluntad popular mediante el ejercicio del sufragio”, añadieron.
Por el momento, quienes se nacionalizaron al amparo de la Ley de Nietos no serán incorporados automáticamente al padrón electoral español, de cara a las elecciones generales de 2027.
Todos deberán acreditar con documentos oficiales su parentesco directo con españoles que partieron al exilio.
Las impugnaciones habían sido presentadas ante los tribunales por los partidos de derecha Vox e Iustitia Europa a inicios de año. Estos recursos fueron parcialmente acogidos, según informó El Mundo.
En ese momento, el sector de Santiago Abascal cuestionó al gobierno del socialista Pedro Sánchez, acusándolo de intentar capitalizar el voto de los nuevos nacionalizados para imponerse en las urnas.
El medio español señaló que, con datos oficiales, 333.000 nuevos ciudadanos ya figuraban en el sistema electoral local, mientras que 238.000 personas nacionalizadas en el último año aguardaban su inscripción.
Además, 2,5 millones habían solicitado la nacionalidad a través de esta legislación.
El presidente Sánchez lamentó el pronunciamiento del tribunal y declaró públicamente: “El Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles”.
Desde el PP, favorito para los próximos comicios, celebraron la resolución; no obstante, su líder, Alberto Feijóo, afirmó: “El Gobierno va a tener que explicarse y asumir responsabilidades”.
#EnDirecto | Sánchez responde a Feijóo por la 'ley de nietos': "Ahora resulta que el PP y la ultraderecha quieren robarles el derecho al voto de miles de ciudadanos españoles. Aquellos que fueron obligados en el exilio. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar" pic.twitter.com/FVnlG1V7Cv
— Europa Press (@europapress) September 9, 2026
¿En qué consiste la Ley de nietos de España?
En 2007 se aprobó en España la “Ley de memoria histórica”, que permitía a los hijos de personas exiliadas por la dictadura de Francisco Franco y a víctimas de la Guerra Civil recuperar la nacionalidad española.
La posterior Ley de Memoria Democrática, conocida como “ley de nietos”, gracias a su Disposición Octava, amplió el universo de beneficiarios.
Así, si antes se limitaba a hijos de padre o madre afectados por el franquismo, ahora también podían acogerse los nietos que cumplieran determinados requisitos.
La normativa fijaba una serie de condiciones para quienes desearan solicitar la nacionalidad española:
1. Hijos o nietos nacidos fuera de España de padre, madre o abuelo/abuela españoles que hubieran sido exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencias o por su orientación e identidad sexual.
2. Hijos e hijas nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con ciudadanos de otro país antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
3. Hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española acogiéndose a la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007.
Conviene señalar que la ley previa solo permitía a los descendientes de españoles tramitar la nacionalidad hasta los 21 años. La “Ley de nietos” eliminó ese límite de edad.
Asimismo, la norma contemplaba una vigencia de dos años desde su promulgación.
