Algunos cuerpos esperan apenas unos días. Otros, varios meses. Y hay quienes han aguardado años. Esa es una de las escenas más duras que deja la crisis del Servicio Médico Legal (SML): restos mantenidos por largos periodos, unos sin identidad y otros ya identificados, pero aún en dependencias del servicio porque nadie gestiona su retiro o porque faltan diligencias por completar.
En la Región Metropolitana, el SML registra hoy 170 cuerpos que no han sido retirados. De ellos, 138 pertenecen a personas identificadas y 32 siguen como NN.
Una parte de esos fallecidos está guardada en dos contenedores refrigerados ubicados en el patio del edificio de avenida La Paz, en Recoleta. Cada uno alberga cerca de 40 cuerpos.
Lo que partió como una medida transitoria terminó convirtiéndose en la imagen estable de un problema que se arrastra desde los años posteriores a la pandemia.
El servicio comenzó a ocupar estos contenedores en 2024, debido al aumento en la cantidad de fallecidos acumulados. Al inicio eran tres. Uno ya fue vaciado y los 12 cuerpos que contenía fueron sepultados de forma individual en el Cementerio General. Los otros dos siguen operativos.
El director nacional (s) del SML, Jaime Téllez, ha indicado que la institución busca poner fin al uso de estos contenedores en los próximos meses y que una de sus metas es precisamente disminuir la acumulación.
Pero la situación no se limita a Santiago.
Un cadáver que esperó casi diez años en La Unión
En la región de Los Ríos, un caso resuelto recientemente vuelve a darle un rostro humano a un problema que con facilidad se convierte en una cifra.
Un cuerpo no identificado permaneció cerca de una década en las instalaciones del SML de La Unión. Finalmente, durante el primer trimestre de este año, se pudo inhumar.
De acuerdo con lo señalado por el director regional del organismo, Hans Lungenstrans, el trámite no se concretó antes porque el fiscal jefe de entonces no había autorizado la entrega del cuerpo al SML para que este gestionara la sepultación.
Con la llegada de un nuevo jefe regional del Ministerio Público, el organismo forense obtuvo el permiso para proceder con la inhumación.
Previo a sepultarlo, se tomó una muestra de ADN, se incorporó el perfil al Registro Nacional de ADN, se efectuaron búsquedas de eventuales familiares y se realizaron tres comparaciones genéticas, todas con resultado negativo.
El cuerpo fue finalmente sepultado en un cementerio de La Unión, tras una coordinación con una iglesia evangélica.
Hoy, según el SML regional, la capacidad de conservación en cámaras frigoríficas es de 12 cuerpos en Valdivia y seis en La Unión.
De hecho, en Valdivia hay actualmente dos fallecidos a la espera de retiro e inhumación: uno sin identificar, correspondiente a 2024, y otro identificado, de 2025. En ambos, al estar asociados a investigaciones del Ministerio Público, se necesita que Fiscalía entregue los cuerpos al SML para avanzar con la sepultura.
En resumen, vuelve a aparecer la misma palabra que atraviesa esta historia: coordinación.
Cuando la espera en el SML se vuelve de años
El panorama cambia de escala al revisar antecedentes anteriores.
En 2020, BioBioChile informó que los restos de Ramón Pacheco Giacomozzi, joven desaparecido en Talcahuano en 2008, estuvieron 11 años en el SML.
Pacheco tenía 23 años cuando desapareció. Un año más tarde, en San Vicente de Talcahuano, se hallaron restos óseos. No obstante, en un inicio se los consideró pertenecientes a una mujer.
Solo después de que el caso de Sergio Mardoff reabriera cuestionamientos sobre la identificación de personas desaparecidas, se contactó a la familia de Pacheco y se practicaron nuevos exámenes de ADN.
Los análisis corroboraron que esos restos pertenecían al joven desaparecido.
El caso dejó una interrogante incómoda: ¿cuánto tiempo puede permanecer guardado un cuerpo mientras, al otro lado, una familia sigue aguardando una respuesta?
Algo similar sucedió con Sergio Mardoff. En 2015 se encontraron osamentas en un tramo de la Ruta de la Madera. Los restos fueron llevados al SML de Concepción y quedaron allí como NN.
Recordemos que Mardoff desapareció en 2005. Su familia lo buscó durante años, sin saber que sus restos estaban en el propio Servicio Médico Legal. No fue sino hasta 2018, tras una llamada anónima, que sus cercanos supieron que aquel cuerpo podía ser el de Sergio.
El padre de Sergio, Sergio Mardoff Silva, resumió entonces el impacto de esa vivencia: “Uno cuando tiene un ser querido, no deja nunca, pero nunca de buscarlo, y nunca de sufrir”.
Esa frase hoy cobra otro sentido, porque un cuerpo retenido por años no es solo un número dentro de la capacidad de una cámara de frío. También encierra una historia familiar que puede quedarse suspendida sin plazo.
Flores: “Me parece vergonzoso”
La denuncia llegó al Congreso de la mano del senador Iván Flores (DC), quien ofició a la Contraloría para solicitar una fiscalización y precisar cuántos cuerpos están en estas condiciones, cuántos ya están identificados y cuánto gasta el Estado en mantenerlos refrigerados.
En conversación con BioBioChile, el legislador calificó el escenario como “vergonzoso” y cuestionó que una salida aplicada en pandemia se haya extendido durante años.
“Han debido contratar contenedores para poder ir guardando cuerpos”, afirmó Flores, quien aseguró que uno de los principales problemas es que “hay dos tercios que están identificados, pero nadie los retira”.
El senador también puso atención en las condiciones sanitarias y en la falta de coordinación entre las entidades involucradas. “El Estado es uno solo y las instituciones deberían conversar”, sostuvo.
A su juicio, el problema no puede prolongarse sin límite. “Esto no puede estar en un vacío en la norma”, planteó, al interrogar qué ocurre cuando un cuerpo ya fue identificado y ningún familiar lo reclama: “Si nadie lo reclamó, tienen que meterlo en la fosa común, punto”.
Flores señaló que ha reiterado sus solicitudes ante la Contraloría y que también ofició a los ministerios de Justicia y Salud, sin recibir respuestas. “Me parece escandaloso, me parece vergonzoso que los cuerpos se acumulen en el Servicio Médico Legal”, insistió.
Un problema que se distribuye entre instituciones
La explicación del propio SML evidencia que la solución no pasa solo por habilitar más espacio en una cámara de frío.
En los casos NN, primero se deben realizar gestiones para obtener un perfil genético e incorporarlo al Registro Nacional de ADN. Así, si luego aparece un familiar, se puede hacer la comparación.
Después, según corresponda, se requiere la intervención del Ministerio Público para autorizar o instruir el procedimiento pertinente.
El inconveniente surge cuando esas etapas se dilatan. Eso fue lo que ocurrió, de acuerdo con el director regional del SML en Los Ríos, con el cuerpo que permaneció años en La Unión: el servicio sostenía que necesitaba la autorización de Fiscalía para poder proceder con la inhumación.
La situación se destrabó con el cambio de fiscal. En definitiva, la suma de trámites puede convertir un paso concebido como transitorio en una espera de años.
Y ahí entra una de las preguntas clave que ha planteado Flores: quién debe decidir cuando una persona está identificada o ya se agotaron los esfuerzos para identificarla, pero nadie reclama sus restos.
Un servicio en medio de otras complicaciones
La controversia se da, además, mientras el SML enfrenta críticas por su desempeño institucional.
En marzo, una auditoría de Contraloría detectó debilidades de control interno vinculadas a la gestión de contratos, la supervisión y los pagos a proveedores. Y en septiembre, un oficio parlamentario pidió conocer el estado de avance de esas observaciones y solicitó evaluar una fiscalización específica sobre la acumulación de cuerpos y el uso de contenedores. A la fecha de ese oficio, no había respuesta registrada.
El SML, por su lado, asegura que trabaja para disminuir gradualmente el número de cuerpos pendientes y terminar con el uso de contenedores en los próximos meses.
Pero mientras las instituciones se coordinan, ofician, responden o esperan permisos, los cuerpos continúan ahí. Algunos ya tienen nombre, otros todavía no.
Y detrás de cada uno existe, al menos potencialmente, una familia que alguna vez buscó una respuesta, alguien que quiere cerrar una historia o, simplemente, una persona fallecida cuyo destino final no debería quedar detenido indefinidamente entre una cámara frigorífica, un trámite en curso y una oficina que aún no contesta.
Los casos de Ramón Pacheco y Sergio Mardoff prueban que el tiempo no es un detalle cuando se trata de identificar a un fallecido. En ambos, los años transcurridos agudizaron una espera que sus familias nunca eligieron asumir.
Hoy, casi una década después de que se implementaran medidas extraordinarias para enfrentar la acumulación, la pregunta vuelve a lo esencial: ¿cuánto puede esperar un muerto para que el Estado termine de cumplir su parte?
