El entramado represivo y los crímenes de lesa humanidad permanecen “intactos” en Venezuela tras la captura del 3 de enero de Nicolás Maduro, según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela.
Mediante un informe difundido este miércoles, la Misión señaló que, pese a las “mejoras limitadas” registradas en la situación de derechos humanos del país, “las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas”.
El grupo apuntó que, aunque tras el ataque militar de Estados Unidos a comienzos de año se redujeron de manera notable las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas, “estos cambios no han ido acompañados de las reformas institucionales indispensables para asegurar una mejora sustantiva y sostenida de la situación de los derechos humanos”.
El documento resaltó, sin embargo, “un margen algo mayor” para las protestas, las reuniones públicas y las actividades de la sociedad civil en el país, actualmente bajo la conducción de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
La Misión indicó que continúan vigentes numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y que los extensos servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del país mantienen, en esencia, las mismas estructuras, políticas y prácticas.
“No se han tomado medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos, que siguen siendo una fuente constante de intimidación y violencia a nivel comunitario”, precisó.
En esa línea, sostuvo que periodistas y otros actores de la sociedad civil aún se topan con trabas en su labor diaria.
“Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves violaciones continúan en, o han sido trasladados a, cargos clave, mientras que la impunidad por violaciones de derechos humanos y por crímenes del pasado persiste”, advirtió.
Aunque el número de presos políticos disminuyó debido a excarcelaciones, la Misión señaló que entre 300 y 500 personas permanecen detenidas por motivos ideológicos, conforme a datos de organizaciones no gubernamentales.
“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas contundentes hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, afirmó María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión.
“Venezuela igualmente debería revertir su retiro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar plenamente con la Corte y con otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Los años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas”, agregó.
